Fundación Cordoberxia insiste en el desmantelamiento del paramilitarismo

De acuerdo con la Fundación Cordoberxia, luego del ataque con arma de fuego en contra del patrullero de la Policía, Leyder Majarrez, quien murió en Planeta Rica. En menos de 72 horas, se registró otra acción criminal dirigida a la Fuerza Pública que dejó dos uniformados heridos en San José de Uré, sur de Córdoba.

A lo anterior, se sumarían cadenas de WhatsApp y circulación de panfletos firmados, supuestamente, por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, en los que se intimida a la población y se advierte de más ataques criminales tras la captura de su máximo cabecilla, alias Otoniel, el pasado 23 de octubre.

“Se conoce por esta organización la circulación de panfletos y audios, enviados mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp en las que, al parecer, las AGC ordenan toques de queda o restricciones de la movilidad a la ciudadanía en general del sur de Córdoba”, sostiene la Fundación Cordoberxia.

Frente al preocupante panorama, la Fundación defensora de Derechos Humanos, señala que “rechazamos este tipo de actos atroces, que solo nos muestran lo lejos que estamos de gozar de la paz territorial con justicia social. Nuestra solidaridad con la Policía Nacional y las familias de las víctimas”.

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  Al tiempo, agrega que “insistimos en que la guerra inveterada, fratricida, debe parar, que se deben generar con urgencia acuerdos humanitarios / cese al fuego, que garanticen la vida y la permanencia en el territorio de las comunidades y sus liderazgos”.

En ese sentido, la Fundación Cordoberxia manifiesta que “es necesaria la materialización de la política criminal para el desmantelamiento del paramilitarismo (decreto 154/2017) a la que el Gobierno Nacional le ha hecho el quite en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad. La situación sobrepasa la actuación de los alcaldes y gobernador, estas situaciones sufridas en días anteriores podrían repetirse con mayores agravantes en contra de civiles y desplazamientos forzados individuales – masivos”.

Recientemente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que los monitoreos en el sur de Córdoba se habían intensificado ante las alertas tempranas que advierten de los riesgos de la población civil ante la fuerte presencia de los grupos armados ilegales.