Tribunal ordena embargar cuentas y bienes de Unión Temporal Centros Poblados
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda en el caso del contrato de la Unión Temporal Centros Poblados.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares en el marco del cuestionado contrato de Centros Poblados con MinTIC. Foto: Colprensa(Thot)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda en el caso del contrato Centros Poblados y ordenó medidas cautelares.
El caso llegó al Tribunal por petición de la Procuraduría General de la Nación, la cual presentó una acción popular para que se devuelvan los más de $70 mil millones de anticipo del contrato por el que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, presentó su renuncia.
El Tribunal ordenó que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios, sean naturales o jurídicas, que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.
Adicionalmente, ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, etc. que tengan Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que integran la Fundación de Telecomuniaciones, Icm Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Bulding. El monto del embargo será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, es decir: $70.243.279.599.
Por otra parte, determinó como medida cautelar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar, etc. que tengan esas mismas empresas. Esa medida se extenderá a los derechos y encargos fiduciarios que llegaren a tener esas firmas.
- Le puede interesar: Procuraduría interpuso acción popular para que Centros Poblados devuelva el dinero
De igual forma, ordenó a la Cancillería y la Fiscalía a realizar la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior que estén vinculadas con las presuntas irregularidades para conseguir medidas cautelares sobre sus bienes en el extranjero.
Por último, se ordenó a las demás entidades del Estado la suspensión de todo contrato, convenio o cualquier tipo de modalidad contractual con las firmas cuestionadas.
