Piden estudiar tutela a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos
Señalan que la tutela debe ser escogida por tratarse de un asunto de relevancia constitucional, al estar comprometidos los derechos de ciudadanos reconocidos como víctimas.
La procuradora Margarita Cabello pidió a la Corte Constitucional seleccionar para su estudio una acción de tutela que busca proteger los derechos de la comunidad de San José del Palmar, Chocó. Foto: Colprensa(Thot)
La procuradora Margarita Cabello Blanco pidió a la Corte Constitucional seleccionar para su estudio una acción de tutela que busca proteger los derechos de la comunidad de San José del Palmar, Chocó, reconocida como sujeto de reparación colectiva por sufrir graves violaciones a los derechos humanos.
Al presentar una solicitud de insistencia ante la Sala de Selección de Tutelas No. 10 del alto tribunal, la jefe del Ministerio Público señaló que la tutela debe ser escogida por tratarse de un asunto de relevancia constitucional, al estar comprometidos los derechos de ciudadanos reconocidos como víctimas, entre los que se encuentran 303 menores de edad y 68 adultos mayores.
En la petición de insistencia, la procuradora general señaló que, ante la proximidad de esa fecha límite, aún faltan por concretarse la construcción de una casa conmemorativa y la reubicación de una base militar con el fin de recuperar la cancha de fútbol de la comunidad, y hasta el momento no se han iniciado las gestiones respectivas para ejecutarlas, lo que pone en riesgo la reparación integral, en especial, la reivindicación de la memoria histórica.
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La procuradora Cabello Blanco puntualizó que abordar el conocimiento de esa tutela es “un asunto de trascendencia nacional, porque en el país existen más de ocho millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno, por lo cual es imperioso que exista claridad sobre los deberes de las autoridades en el cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, entendidos como mecanismos especializados para la salvaguarda de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las comunidades afectadas por la violencia”.
