Luis Alfredo Ramos fue condenado a prisión por parapolítica
La Corte precisa una condena por su alianza como excongresista con los hermanos Vicente y Carlos Castaño y de la financiación que las AUC asumieron para sus campañas políticas.
Para la Corte, Luis Alfredo Ramos Botero accedió a aliarse con varios comandantes de las AUC y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA(Thot)
La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y nueve meses de prisión a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007.
Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, la Corte precisa una condena de 95 meses contra Ramos por su alianza como excongresista con los hermanos Vicente y Carlos Castaño y de la financiación que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asumieron para sus campañas políticas.
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Para la Corte, Ramos Botero accedió a aliarse con varios comandantes de las AUC y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal.
En palabras del alto tribunal, el exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.
La decisión de la Corte Suprema contó con el visto bueno de los magistrados Ariel Augusto Torres y Blanca Nélida Barreto, pero también con el salvamento de voto de Jorge Emilio Caldas, quien se apartó de la decisión de condenar al exsenador. Luis Alfredo Ramos, dice la Corte, “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante, lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”.
Así, su condena por parapolítica de casi 95 meses de prisión también trae consigo la orden de pagar una multa de $7.000 millones y una sanción que acaba con cualquier aspiración política: una inhabilidad vitalicia para ser funcionario público.
Ahora, el exsenador podrá apelar su decisión, un recurso que revisará la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
