CIDH admite demanda contra el estado por Masacre de Vegachí en Antioquia
El 28 de febrero de 1997 nueve personas fueron asesinadas por paramilitares en ese municipio de Antioquia, según la versión dada por la comunidad.
En la Masacre de Vegachí (1997), testigos afirman que paramilitares asesinaron a nueve habitantes de esa población antioqueña señalándolos de ser colaboradores de las Farc. Foto: Getty Images(Thot)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda en contra del estado colombiano relacionada con la Masacre de Vegachí (1997), en la que, de acuerdo con testigos, paramilitares asesinaron a nueve habitantes de esa población antioqueña señalándolos de ser colaboradores de las Farc.
De acuerdo con los argumentos de la familia de Jesús Hernández una de las víctimas y quienes impulsan la demanda a título personal, pobladores del municipio fueron reunidos en la iglesia, allí varios de ellos en medio de consignas en contra de la guerrilla fueron llevados por los paramilitares a distintas locaciones de Vegachí y asesinados con armas de largo alcance sin que fuesen protegidos por la Policía, que alegó estar replegada por un hostigamiento del ELN a quien responsabilizaron de la incursión armada.
Por ello alegan ante la Comisión que hubo omisión de esa institución en su deber de preservar la vida y la integridad de los muertos y heridos.
Otro de los puntos sobre los que se sustenta la demanda está relacionada con la falta de resultados judiciales en contra de los responsables, allí la familia de la víctima indica que el caso continúa en la impunidad y les han negado la reparación económica que solicitaron. Además, manifestaron que otras familias de quienes perdieron la vida no reclamaron por miedo a represalias de los grupos paramilitares.
Ese precisamente fue uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Comisión para admitir la demanda.
- Le puede interesar: JEP autoriza extradición a EE.UU. de excomandante de las Farc por narcotráfico
"La CIDH debe valorar que han transcurrido más de 22 años desde los hechos; que las investigaciones aún no habrían pasado la etapa de admisibilidad; y que el Estado no ha controvertido que las investigaciones habrían sido inicialmente archivadas sin que se produjera avance significativo alguno entre 1997 y 2011", señala la decisión.
Desde la representación del estado respondieron que, aunque no hay condenas siguen recolectando pruebas en contra de los responsables y expresaron que la reparación no se ha producido porque en el caso de la víctima que demanda las instancias judiciales se la negaron y otros afectados en la masacre no la han reclamado.
Además, desestimaron una posible omisión de deberes de la Policía argumentando que no había informes de riesgos de posibles incursiones y mucho menos permisividad de agentes estatales con los paramilitares.
