Una avalancha de litigios penales, disciplinarios, administrativos, comerciales y hasta un probable pleito internacional provocó el error “involuntario” del Consejo de Estado que publicó en su plataforma los acuerdos confidenciales con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Este hecho se produjo a pesar de las cláusulas de dichos contratos que advertían con suspender el envío de las vacunas contra el COVID-19 si no se cumplía el acuerdo. Ante este caso, La W conoció en primicia que, en últimas, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial en el Consejo de Estado y obtuvo información de su plataforma Samai. Esto, con el propósito de establecer los nombres de los funcionarios que la manipulan. Este medio también conoció algunos detalles sobre los cargos de los funcionarios que están en la mira de la Fiscalía y de la Comisión de Disciplina Judicial: Por otra parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Víctor Muñoz, anunció en diálogo con La W que ha tenido conversaciones con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sobre la preocupación de algunos empresarios porque se pierdan las dosis compradas para sus empleados. Al respecto, informó que ese problema surgió por la velocidad que tomó el Plan Nacional de Vacunación y la rápida apertura de nuevas etapas.