A juicio disciplinario Luis Fernando Andrade y cuatro directivos por Ruta del Sol

La W conoció en primicia que la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal formuló pliego de cargos contra Luis Fernando Andrade Moreno, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Alexandra Lozano, gerente de Gestión Contractual; Andrés Figueredo, vicepresidente de Gestión Contractual; Camilo Mendoza, funcionario de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y David Montaño, de la Vicepresidencia Jurídica.

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Según la decisión del ente de control, la decisión se toma con base en las irregularidades encontradas “directamente de todas las actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la suscripción del Otrosí No. 6 al contrato de concesión de la Ruta del Sol II, por lo cual las mismas se encuentran subsumidas e inescindiblemente unidas a los cargos ya formulados a las personas arriba señaladas”.

Para la Procuraduría, Andrade, en su calidad de presidente de la ANI, fue quien le solicitó a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. que, en lugar de hacer la vía Puerto Salgar­ - San Roque, hiciera la vía Ocaña­ - Gamarra. De esta manera, realizó los trámites, instruyó a sus colaboradores al interior de la ANl, accedió a todas las solicitadas irregulares que le solicitaba Eleuberto Martorelli y se reunió subrepticiamente con el exsenador Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías con el propósito de entregarle esta vía a la concesionaria de manera directa, sin acudir a la licitación pública.

Por su parte, Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos Funcional, presuntamente violó el principio de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal. Esto, cuando profirió el concepto al haber colocado su visto bueno de revisión jurídica al documento de Estudio de Conveniencia y Oportunidad del 11 de julio de 2013 y al haber dado su visto bueno de revisión jurídica al Otrosí No. 3, con lo cual posibilitó su suscripción.

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Camilo Mendoza Rozo, vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, puede ver comprometida responsabilidad disciplinaria, al presuntamente haber desconocido el principio transparencia que comporta el deber de selección y el principio de responsabilidad de contratación estatal.

El 22 de noviembre del 2013, Mendoza certificó que la modificación contractual del Otrosí No. 3 del proyecto Ruta del Sol sector II se había adelantado con la debida diligencia, ajustadas todas sus actuaciones al marco legal aplicable.

Así, la irregularidad se produjo al haber firmado el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para la suscripción del Otrosí No. 3 del 11 de julio del 2013 y al haber estampado su visto bueno de revisión jurídica al Otrosí No. 3 del 15 de julio del 2013 al contrato de concesión No. 001 de 2010, pese a que el objeto de este otrosí no tenía relación con el objeto del contrato de concesión No. 001 de 2010. Sin embargo, con sustento en su aval desde el punto de vista jurídico (el cual no debió extender), el presidente de la Agencia tuvo argumentos jurídicos para celebrarlo directamente con el concesionario, omitiendo entonces adelantar el proceso selectivo de concurso de méritos.

David Montaño puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria cuando, al parecer desconociendo el principio de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal, firmó con su visto bueno de revisión jurídica el documento de Estudio de Conveniencia y Oportunidad del 11 de julio de 2013. Además, estampó su visto bueno de proyección del Otrosí No. 3, pese a que el objeto de este no tenía relación con el objeto del contrato de concesión.

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ADICIONES A RUTA DEL SOL II Y III

De esta manera, la Procuraduría General de la Nación formuló cuatro pliegos de cargos por posibles irregularidades relacionadas con las adiciones hechas a los contratos de los proyectos viales Ruta del Sol II y III.

• Ruta del Sol II

En desarrollo de las investigaciones adelantadas, el ente disciplinario cuestionó al exdirector Andrade Moreno la suscripción de los Otrosíes 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010, celebrado con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

El pliego de cargos señala que Andrade Moreno habría puesto en funcionamiento todo el aparato que tenía a su disposición en la ANI para lograr la justificación técnica, financiera y jurídica que argumentara esas adiciones con el fin de entregarle, de manera directa, a la mencionada concesionaria un corredor vial diferente al originalmente otorgado (Puerto Salgar a San Roque).

Dentro de esta investigación disciplinaria también se cuestiona la conducta de Alexandra Lozano Vergara, exgerente jurídica de Gestión Contractual 2; Andrés Figueredo Serpa y Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidentes de gestión contractual y David Leonardo Montaño García, exasesor jurídico de la ANI, quienes habrían avalado, dentro del marco de sus competencias, documentos previos a la firma de los Otrosíes 3 y 6.

En un segundo proceso disciplinario, el órgano de control formuló pliego de cargos al exfuncionario de la ANI Juan Sebastián Correa Echeverry quien, al parecer, organizó reuniones entre Andrade Moreno y Euberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia (socio mayoritario de la concesionaria), donde se establecieron acuerdos posiblemente ilegales que viabilizaron la suscripción de las adiciones 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010.

Por sus gestiones Correa Echeverry habría recibido en el año 2015 una remuneración ilegal por 100 millones de pesos de Otto Nicolás Bula. Este pago que fue ordenado por el entonces senador Bernardo Miguel Elías Vidal.
La conducta reprochada fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

En una tercera investigación se cuestionó al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, por la suscripción del acta número 118 del comité asesor de asuntos contractuales de 2015 y las adiciones 7 y 9 al contrato de Ruta del Sol II, mediante las cuales se habría alterado de manera irregular y en favor del contratista el modelo financiero de esta concesión.

Al parecer, no se trataba de una simple modificación de la forma de traslado de los recursos, pues se habrían otorgado beneficios de rentabilidad y una flexibilización del esquema de pagos, mejorando el flujo de caja a la concesionaria.

• Ruta del Sol III

La Procuraduría también avanza en un cuarto proceso disciplinario contra Andrade Moreno y Germán Córdoba Ordóñez, exvicepresidente ejecutivo de la ANI, por los otrosíes 2 y 5 en el proyecto de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria.

A través de estas adiciones se habrían pactado los estudios y diseños del segundo puente entre Plato y Zambrano, sobre el río Magdalena por valor de $5.788.240.106 con el fin de entregarle, de los recursos comprometidos en estos otrosíes, 650 millones de pesos a José Roberto Prieto Uribe.

Los cuestionados documentos habrían estado amparados en unos estudios previos firmados por Córdoba Ordóñez, quien al parecer justificó ante el comité de contratación de la ANI la modificación de este proyecto; posteriormente habría suscrito el otrosí 5, pese a que el objeto de este no tenía ninguna relación con la obra de infraestructura inicialmente contratada.

Si bien Andrade Moreno no suscribió el otrosí, se habría encargado de proponer, coordinar y gestionar las adiciones para presuntamente favorecer económicamente a un tercero ajeno al contrato de concesión, puntualizó el órgano de Control en el pliego de cargos.

Este es el documento emitido por la Procuraduría General de la Nación: