Los dos magistrados que tienen la suerte judicial de Álvaro Uribe en sus manos

En las manos de dos magistrados de la Corte Constitucional está la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe. En El Reporte Coronell les voy a contar quiénes son.

A medida que la intervención de las víctimas en la audiencia de preclusión ha venido mostrando las evidencias que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes omitió en su presentación y, además, la contundencia que podrían tener esas evidencias en un eventual juicio, las mayores esperanzas de los defensores del expresidente se han ido concentrando en una tutela que pusieron y que la Corte Constitucional debe resolver en los próximos días.

¿Qué es lo que pide la acción de tutela? Bueno, para explicarlo es necesario hacer un breve recuento.

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Ustedes recordarán que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró elementos suficientes para vincular mediante indagatoria, dictar medida de aseguramiento y ordenar la detención domiciliaria por la presunta responsabilidad de Uribe en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

El expresidente que había asegurado repetidamente que –por su honor– jamás renunciaría a su investidura de senador para escapar a la jurisdicción de la Corte Suprema. Pues viendo que ya iba para juicio –y posiblemente condena–, decidió no cumplir su palabra y renunció.

Con esa renuncia, el proceso pasó a la Fiscalía General de la Nación, donde el fiscal general Francisco Barbosa –muy del gobierno y del presidente Duque– le asignó el caso al fiscal delegado Gabriel Ramón Jaimes, que ha actuado más como defensor que como fiscal y que no consideró necesario siquiera interrogar al expresidente Uribe.

Muy rápido anunció que pediría la preclusión.

Esa petición la debe aceptar o negar un juez, ya que el expresidente Uribe sigue considerándose imputado por decisión de un juzgado penal del circuito que homologó el llamado a indagatoria de la Corte con la imputación en el actual proceso.

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Ahí está el tema que discute la tutela. Álvaro Uribe fue investigado por la Corte bajo un código de procedimiento penal, la Ley 600, y pasó a la Fiscalía bajo otra norma, que es la Ley 900.

Lo que la defensa de Uribe está pidiendo es que no lo consideren imputado y eso crea una gran diferencia.

Si la tutela declara que Uribe no está imputado, su caso volvería a empezar y podría ser archivado directamente por el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, sin pasar por ningún juez.

En cambio, si sigue imputado, necesitarán un juez, como la jueza que hoy lleva el proceso, para decidir si lo precluye o no.

Dicho sea de paso, esa decisión, sea la que sea, seguramente será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que sería la instancia correspondiente.

El ponente de la tutela es el magistrado Alejandro Linares, quien ya entregó copia de su recomendación, su ponencia, a los otros ocho integrantes de la Corte Constitucional.

La ponencia viene en contra del interés del expresidente Uribe. Pide que conserve su condición de imputado por razones de fondo: es decir, considera que el juez que así lo determinó actuó ajustado a la ley.

Y por razones de forma: en algún punto del proceso, el doctor Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, desistió de un recurso y la ponencia considera que, al no haber agotado esa vía, no puede acudir a la acción de tutela que es un mecanismo subsidiario.

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Ahora bien, ¿cómo están las fuerzas en la Corte?

Cuatro magistrados parecen inclinados a fallar a favor de la ponencia: tres en contra y hay dos indecisos.

En el grupo de quienes votarían a favor de los intereses de Uribe se da por descontada a la magistrada Paola Meneses, que llegó a la Corte básicamente por haber sido compañera del presidente Duque en el colegio Rochester.

En los que estarían a favor está, claro, Alejandro Linares, por el sentido de su ponencia.

Sin embargo, el mayor interés está en la identidad de los dos magistrados indecisos.

Pues bien, hoy 28 de octubre, El Reporte Coronell está en capacidad de informar que esos indecisos, los que podrán inclinar la balanza en uno u otro sentido, son:

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de origen conservador pero cuyo voto ha sido tradicionalmente muy independiente e imprevisible.

Y la magistrada Diana Fajardo, muy liberal en unas cosas, aunque hay quienes dicen que, de vez en cuando, se le nota que es bachiller del Gimnasio Iragua, el colegio femenino del Opus Dei.

En manos de ellos dos podría estar la suerte del expresidente Uribe y, de paso, la de Colombia.