Feria de contratos en la Defensoría del Pueblo: más de 640 en solo dos meses

Las malas prácticas que denunció hace un par de años el investigador Ariel Ávila de la Fundación Pares Colombia, contra el entonces presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, quien presuntamente se dedicó a entregar contratos a diestra y siniestra para amigos y conocidos que lo ayudaran a llegar a la Registraduría, al parecer no se han acabado.

Aunque a Camargo no le alcanzó para llegar al órgano electoral, sí es actualmente el defensor del pueblo de Colombia y desde esta entidad también estaría ayudando a quienes en el pasado benefició con contratos, como exmagistrados, exfiscales, exfuncionarios de la procuraduría y a otros políticos más, algunos incluso de su región: el departamento de Córdoba. 

Sigue la W revisó los contratos que la Defensoría del Pueblo, en cabeza hoy de Camargo, entregó durante los meses de marzo y abril de este año y encontramos que en solo esos dos meses se adjudicaron 648 con un valor que supera los 36.400 millones de pesos.

De los contratos para prestar servicios a la entidad, que tienen los montos más altos, se destacan, por ejemplo, el de Melissa Mendoza Olivella, a quien le adjudicaron un contrato para hacer acompañamiento y asesoría de la ley de víctimas. Por ese motivo ella se ganará $88 millones hasta diciembre de este año, es decir, $11 millones mensuales.

Mendoza Olivella es de Valledupar, es esposa de un miembro de la familia Severini de Magdalena, especificamente del sobrino de Carlos Tomás Severini vicepresidente de Fedegán. Pero, además es nieta de Cecilia Leonor Olivella, la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla que fue amenazada después de interrogar a Salvatore Mancuso. A la boda de esta nueva contratista de la Defensoría asistió además el representante Alfredo Ape Cuello, quien es amigo de la familia.

Encontramos también un contrato para asesorar en asuntos jurídicos relacionados con la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de la entidad, adjudicado a Liliana Jaramillo Mutis, exesposa del senador Germán Varon Cotrino y la misma funcionaria a la que el exauditor y hoy contralor, Carlos Felipe Córdoba, le habría entregado contratos en la Auditoría por solicitud de Cambio Radical y su máximo jefe el señor Germán Vargas Lleras. La señora Jaramillo Mutis recibirá un pago de $96 millones por su trabajo en la Defensoría.

Hay más: La Defensoría contrató al señor Héctor Hugo Montoya Cano por $99 millones para que haga informes sobre la situación humanitaria de los grupos étnicos ubicados en la ciudad de Cali. Montoya Cano fue personero de Cali, cargo al que llegó con el respaldo y los votos de Cambio Radical y además, candidato a contralor del Valle del Cauca.

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Otro de los contratos entregados en abril de este año, es para Fabían Eduardo López Saleme, quien con un sueldo de $90 millones, es decir, $10 millones mensuales, tendrá que asesorar y apoyar a la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, en el análisis de los procesos y demandas que cursan ante la Corte Constitucional y de los proyectos de ley que se encuentran radicados en el Congreso de la República.

Este profesional viene de la Gobernación de Sucre y sería pariente del senador Fabio Amín Saleme, quien ha apoyado la labor del defensor Camargo desde el principio de su administración.

En la lista aparece un jugoso contrato de $120 millones para la empresa del señor Gustavo García Figueroa que tiene por objeto brindar una asesoría la Vicedefensoría del Pueblo. Gustavo García Figueroa fue asesor del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo en 2016 y alcalde adhoc de Barranquilla para los asuntos en los que Alejandro Char se debió declarar impedidos. 

La famosa exfiscal Yenny Claudia Almeida Acero también se ganó su contrato en la Defensoría por $120 millones, lo que significa $13 millones por mes hasta diciembre de 2021. Ella es recordada por haber sido procuradora delegada de Fernando Carrillo, pro ser la fiscal que acusó a Juan Francisco (Kiko) Goméz del homicidio agravado de Yandra Brito, tuvo a su cargo el caso del Palacio de Justicia y también investigó los polemicos contratos de Natalia Springer

De la región

Del departamento de Córdoba aparecen contratos para Antonio Franciso Berrocal Rivera, abogado de Monteria, quien se ganará $75 millones a pesar de su poco experiencia en los asuntos encargados. Berrocal solo tiene acreditado en la página de funcionarios públicos un contrato de tecnología y servicios electorales y un contrato en la Regsitraduría Nacional.

También está Rosmary Villegas Ibañéz que solo ha sido revisora fiscal de Monteria y ahora llega a ganarse $7 millones mensuales, $70 millones en total por su trabajo en la Defensoría.

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Para todos hay

Carlos Camargo tambien contrató a Carlos Roberto Saenz Vargas, el exconcejal de Bogotá por la Alianza Verde y hermano de alias Alfonso Cano, quien llega a ganarse $81 millones por hacer un análisis y seguimiento de los decretos, jurisprudencia y políticas públicas para la reactivación económica de la micro, pequeña y mediana empresa, en el contexto del Covid-19.

Al exministro Rafael Pardo Rueda le adjudicaron un contrato por $152 millones para asesorar y apoyar al Defensor del Pueblo en la formulación de las políticas de la Entidad para la definición de lineamientos y directrices para la búsqueda de la paz y la reconciliación en el territorio nacional con énfasis en el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este contrato es una renovación, ya que Pardo estaba vinculado en esa entidad desde mayo de 2020 hasta agosto de ese mismo año, es decir en la administración de Carlos Negret, exdefensor del pueblo. Al respecto el exministro le dijo a la W “vengo vinculado desde las épocas del ex defensor Carlos Negret y me siento honrado de la oportunidad de contribuir con mi experiencia al objeto del contrato que me fue renovado en la actual administración”.

Y a Virtus Goblal, empresa de Juliana García exfuncionaria del Ministerio de Defensa y de Planeación Nacional le dieron un contrato de asesoría por $160 millones. De esta empresa hacen parte tres general en retiro y el jefe del comité asesor es el exministro y exembajador, Juan Carlos Pinzón.

Los que repiten

En los contratos que está entregando la Defensoría no podian quedar por fuera los que ya se habían beneficiado en el pasado cuando Carlos Camargo estuvo en la FND. Por ejemplo, Ciro José Múñoz, quien logra un contrato por $110.000.000 y es primo hermano de Rocío Araújo Oñate, magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en donde se estudian los temas electorales.

También está Germán Calderon España quien tendrá que asesorar a la Vicedefensoría en la atención de las situaciones excepcionales derivadas del Estado de Emergencia Sanitaria declarado con el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 por $144 millones. Calderon España fue Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicia, cargo al que habría llegado con la ayuda de Eduardo Pulgar y cuestionado por hechos de corrupción al celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

El exministro de Justicia, Enrique de Jesús Gil Botero, es otro de los nuevos contratistas en la Defensoría con una asignación de $160 millones deberá asesorar la oficina juridica de la entidad.

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El colmo

Judith Pinedo Flórez, también conocida como "Mariamulata", exalcaldesa de Cartagena y recientemente condenada a 12 años de prisión por las presuntas irregularidades en la venta de un predio, obtuvo también un contrato con Carlos Camargo.

Pinedo, según el documento conocido por la W, debe realizar seguimiento a las políticas públicas del orden Nacional y Territorial para identificar procesos y realizar

recomendaciones sobre el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población en la Región Caribe y la Región del Pacifico. Esto lo hará por $108 millones en un plazo de 8 meses, es decir $12 millones mensuales. La pregunta es, ¿lo hará desde la cárcel?.

Sigue La W conoció también este documento en el que se autoriza la contratación de 360 funcionarios para la Defensoría bajo la figura de “doble objeto” que no está permitidad por el Ministerio de Hacienda y menos en épocas de austeridad.