Choque entre el Estado y las víctimas por las cifras de muertos en el exterminio de la UP

Durante el trámite de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se conocieron varias solicitudes del Estado colombiano, en las que pidió que el tribunal internacional delimite su competencia.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) requirió que de los 6.064 registros de muertos entregados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte solo se pronuncie sobre 219 casos, porque en el resto de los listados las personas no fueron debidamente acreditadas por la Comisión IDH o las víctimas. Además, que el estado por medio de la JEP ya combate la impunidad.

"El estado solicita que sean excluidas las presuntas víctimas que aun cuando están identificadas no cuentan con hechos en el informe de fondo. Así pues, el universo de víctimas del presente asunto se circunscribe a 219 presuntas víctimas" señaló la abogada estatal Juana Acosta.

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Desde la representación de víctimas, Estela Aponte, una de ellas, solicitó desestimar esa petición al considerar que los listados de muertos fueron constantes hasta la pérdida de la personería jurídica del partido y que además, el deber de investigar es del estado, no de los afectados.

"El Estado insiste aquí en que ha recibido unos listados que tienen incoherencias y faltas de investigación. Situémonos en el año 1993, donde a ese primer listado le siguieron otros listados, otros procesos de victimización, otras víctimas" indicó Estela Aponte, representante de la Corporación Reiniciar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también respondió a ese señalamiento indicando que el Estado no puede poner el peso de la investigación del lado de las víctimas y que todas las personas asesinadas que aparecían en los registros cumplían patrones comunes, como ser miembros de la UP.