¿Por qué no ha avanzado el caso Bioenergy en los entes de control?

Por: María Camila Suárez y Cristian Medina

Luego del anuncio de la liquidación judicial de Bioenergy, filial de Ecopetrol que maneja el negocio de etanol, queda un gran cuestionamiento sobre la mesa y es ¿qué pasó con la investigación, que inició en 2017, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, debido a graves hallazgos fiscales, disciplinarios y penales, por el manejo de la compañía? Más aún cuando están involucrados miembros de la Junta Directiva y representantes legales de la empresa.

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Hace tres años la Contraloría General, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, inició ocho procesos de responsabilidad fiscal por $1 billón, debido a graves irregularidades en la planeación y ejecución de la planta de Etanol de Ecopetrol en Puerto López (Meta).

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de los hallazgos… entre los que se encuentran que los costos del proyecto se incrementaron de US$350 millones a US$778 millones y el lucro cesante llegó a $577.824 millones, y la compra, por parte de Bionergy, de dos empresas panameñas que supuestamente eran dueñas de predios claves para el proyecto y la Contraloría encontró que no era así, La W conoció que desde diciembre de 2018 no hay actuaciones de la Contraloría en este caso, lo que evidencia que han sido nulos los avances en 18 meses. 

Lo que le dice el ente de control a La W es que esto obedece a los cambios de funcionarios de las delegaturas, esto, a pesar de que el caso está en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, es decir, donde llegan los procesos de impacto nacional porque por una resolución expresa del Contralor se envían allá.

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Otro de los hallazgos se refiere a un miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Gustavo Gaviria Ángel, que era accionista mayoritario de la firma que asesoró la estructuración y cierre financiero del proyecto, y que nunca se declaró impedido. Se alertó además sobre la forma cómo se seleccionó a la firma española Isolux, para hacer el montaje de la planta de etanol y porque la firma Tipiel, que fue contratada para corregir los diseños que hizo Isolux, generó en el proceso un detrimento patrimonial por más de $11 mil millones.

Y a todo esto se suma la no entrada en operación de la planta en el tiempo previsto, en el que se perdieron las cosechas de caña de azúcar (158 mil toneladas desde el 2014). Y que Bionergy pagó arriendo de predios para siembra de caña, que no fueron utilizados ni explotados para tal fin.

Consultamos también a la Fiscalía y a la Procuraduría para saber qué ha pasado en materia penal y disciplinaria. Seguimos esperando respuesta de la Procuraduría. 

La Fiscalía, por su parte, informó que hay un caso en juicio, que es la mencionada construcción de la plata de etanol en Puerto López. Por este hay un presunto delito por el interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados son Jaime Leonardo Flórez Muñoz e Ignacio Juan Revilla Fernández. 

En cuanto al juicio, el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá fijó como fecha para la celebración de la audiencia preparatoria el próximo 13 de julio de 2020 a las nueve de la mañana. La Fiscalía indicó tener lista su argumentación, de cara a la solicitud probatoria.

El ente acusador también señaló que otro de los casos está prácticamente listo para imputaciones.