“La Fiscalía no deja de atropellarnos”: Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena

Luego de pronunciarse Iván Cancino González, apoderado de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, exalcalde  de Santa Marta, por el proceso que se surte en contra de los políticos por presunto peculado en contratos de obras de 5 centros de salud en la capital, el gobernador del Magdalena precisó que este trámite es muestra del atropello sistemático orquestado desde la Fiscalía General de la Nación.

Con relación a las propiedades en cuestión, el Gobernador dijo que no se entiende la imputación en el comunicado de prensa por cuanto originalmente la investigación es a favor de terceros y no por beneficio propio, dejando claros atisbos, a su parecer, de violación al derecho de presunción de inocencia.  

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A propósito, Caicedo señaló que de los 11 bienes en cuestión, solo 3 figuran a su nombre y estos, “fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena, por lo que no se entiende tampoco cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi 10 años después, que es cuando se construyeron los puestos de salud”.

Se refirió en  específico a un lote comprado durante su vigencia como alcalde de Santa Marta con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate en el 2004, y al día de hoy construida con 2 hipotecas bancarias vigentes.

Asimismo, agregó que “es falso lo que afirma el comunicado de la Fiscalía sobre los centros de salud, en el sentido que estos no habrían sido terminados excepto uno. La realidad es exactamente contraria, pues, de cinco 5 centros proyectados se terminaron cuatro: La Candelaria, Bastidas, La Paz y Taganga”.

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A propósito del faltante, el proyecto de Mamatoco, indicó que la rectoría es de Supersalud que desde 2018 intervino la ESE  de Santa Marta. “Los contratos cuyas presuntas irregularidades investigan, no fueron firmados por mí en su momento, sino por el Gerente de la ESE Distrital”, concluyó el gobernador Caicedo.

De acuerdo a lo estimado por la Fiscalía, el trámite de extinción de dominios se efectuará una vez pase el estado de emergencia sanitaria. No obstante, Cancino aseguró que recurrirá a instancias internacionales para proteger los derechos de sus defendidos.