Juez condena a exalcaldes de barranquilla Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenigsberg

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya, a 7 años de prisión, y a Guillermo Enrique Hoenigsberg Bornacelly, a una pena de 9 años, por presuntas irregularidades en los contratos y sobrecostos para la remodelación y adecuación de un edificio para el despacho de la Alcaldía Distrital.

Además de los años de cárcel los sentenciados deberán pagar multa individual de $10 millones y una multa solidaria de $3.471 millones.

Alcibiades de Asís Bustillo Cervantes, interventor contractual; y Fernando Jorge Thorne Brown, arquitecto contratista a quien se le adjudicó la obra, también fueron condenados junto a los dos exmandatarios. 

Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía se encontró que el contrato para las obras de remodelación y adecuación de un edificio donde se ubicaría la alcaldía que inicialmente se pactó en poco más de $1.490 millones en menos de seis meses tuvo una adición de $1.495 millones de pesos. Cuatro años después se pagaron cerca de $3.500 millones en supuestas obras adicionales, relacionados con el mismo objeto contractual.

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El ente investigador, también evidenció sobrecostos para la cancelación del contrato inicial se pagaría el 40% y con actas de entrega se abonaría el 60% restante; sin embargo, a los 3 meses de suscrito el convenio, y sin iniciar las obras, ya se había pagado el 94% del valor total. 

Adicionalmente, hubo excesos como el cobro de 15 millones de pesos para aseo o instalación de campamentos de la obra, y se demostró que el contrato accesorio incluyó obras no contempladas en el principal. 

“También quedó al descubierto que, aunque había Departamento de Planeación Distrital, se le autorizó al contratista la planeación de la obra con un costo de más de $153 millones”, se lee en el documento emitido por la Fiscalía, donde el ente acusador reportó que el valor de las obras nuevas superaba el tope de contratación directa que regían para ese momento (1993-1998).

El despacho judicial consideró que, en 1998 Bernardo Hoyos Montoya, nuevamente alcalde de la ciudad, hizo un arreglo directo con el contratista Fernando Thorne y le autorizó un giro de más de $3.400 millones, por supuestos trabajos relacionados con el contrato, sin contar con los soportes contables ni contractuales; y más de $144 millones por sobreprecios.

Dentro de la etapa de juicio, que duró cerca de 11 años por prácticas dilatorias de la defensa, se pretendió desestimar las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), situación advertida por el despacho judicial que avaló el material probatorio e informes rendidos por la Fiscalía, y adoptó decisiones que evitaran la prescripción de los hechos y permitieran sancionar a quienes causaron detrimento al erario.

El juzgado en su sentencia contra los responsables señaló que, “los acusados, en una asociación criminal sin escrúpulos, crearon la figura del contrato accesorio para modificar los pliegos de condiciones y las ofertas, lo que rompió el principio de transparencia que debe existir en la licitación pública”.

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