La escandalosa compra de mercados en el Cesar que encontró la Procuraduría
La Procuraduría reprocha al gobernador Luis Alberto Monsalvo que a finales de marzo se suscribieron 37 contratos por más de 11.000 millones, que fueron pagados cinco días después.
La W conoció en primicia que el Ministerio Público solicitó frenar los pagos de dichos contratos tras encontrar escandalosas irregularidades en los mismos. Foto: Getty Images(Thot)
Por: Luz Helena Fonseca y Maria C. Suárez
La Procuraduría General de la Nación vinculó formalmente a una indagación preliminar al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Esto, por presuntas irregularidades en la vigilancia para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
La W conoció en primicia que el Ministerio Público solicitó frenar los pagos de dichos contratos tras encontrar escandalosas irregularidades en los mismos.
En la solicitud, que fue formalizada en las últimas horas, la Procuraduría demuestra al gobernador que encontró irregularidades en la selección, celebración y ejecución de los contratos que la Gobernación del Cesar adelantó para adquirir kits de mercados y alimentos para atender la emergencia por COVID-19.
Según el extenso documento, la Procuraduría le reprocha al gobernador Monsalvo que a finales de marzo se suscribieron 37 contratos por más de 11.000 millones de pesos, los cuales fueron pagados tan solo cinco días después. Por si fuera poco, en las facturas presentadas (casi todas diligenciadas a mano), no se discriminan los costos indirectos en los que incurrió el contratista para suministrar los kits de mercados, lo que impide a la entidad conocer el costo que invirtió en los mercados el contratista.
- Le puede interesar: Procuraduría adelanta 1.286 actuaciones disciplinarias por irregularidades en emergencia
Adicionalmente, el ente de control encontró que al verificar los datos de los proveedores, las sedes no existían. Por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos, con la que se celebró un contrato por más de 400 millones de pesos, reportó la dirección de un inmueble desocupado.
Lo mismo pasó con la Fundación Visión Caribe, en cuya dirección, cuando fue verificada, no se encontró nadie. Tampoco se detectó un aviso correspondiente de una fundación que celebró, en días anteriores, un contrato por más de 468 millones de pesos. Dicha factura fue emitida a mano.
La sede de la Fundación Funvimejor, con la cual se hizo una compra por más de 322 millones de pesos, pertenece a una pequeña casa desocupada y en arriendo. En otras como Fundabiezer, con la que se negociaron mercados por más de mil millones de pesos, su sede queda donde hoy supuestamente opera una empresa de taxis.
La Procuaduría le pidió al gobernador que aclare dichas irregularidades, o de lo contrario sería inevitable un juicio disciplinario en su contra.
