En Colombia avanzan leyes contra la violencia de género, pero no se aplican

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en enero de 2020 se presentaron 71 casos de homicidios en los que las víctimas fueron mujeres. En el mismo mes, se recibieron 2.471 reportes de lesiones por violencia interpersonal y 3.942 por violencia intrafamiliar.

María Camila Correa, profesora de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explicó que, desde el ámbito jurídico, Colombia ha avanzado en normas, como la Ley 1257 de 2008 en la que se incluyen disposiciones para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que se establecieron en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

“En el último informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el comité resaltó que Colombia sanciona casi todas las tipologías de violencia contra la mujer en su Código Penal. Sin embargo, señala que estas normas, si bien están en la legislación nacional, son poco aplicadas y los índices de violencia contra la mujer han seguido aumentando a lo largo de los años”, comentó.

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Desde su especialidad, que es el derecho penal, la profesora Correa explicó que, en ocasiones, se ha evidenciado que la Fiscalía realiza de manera incorrecta las imputaciones, y debido a que esta diligencia es la base para la acusación y un eventual juicio, al no considerar como prueba todas las formas de abuso, estos delitos no son sancionados y se genera una posible impunidad.

Por su parte, Carmen Lilia Uribe, coordinadora de la Clínica Jurídica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género (VIG) del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, destacó que el 90% de los casos atendidos “son de mujeres cabeza de familia que luchan por conseguir los alimentos de sus hijos, que han sido agredidas por sus compañeros permanentes, esposos o exparejas, o han sido víctimas de violencia física, psicológica y económica”.

En la clínica, por su parte, además de realizar acompañamiento, solicitar protección inmediata ante las comisarías de familia, remitir los casos al área penal y brindar atención psicosocial, se han interpuesto derechos de petición a las diferentes entidades Estado.

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Además de ello se han adelantado acciones de tutela debido a que varias de las medidas de protección no se tramitan adecuadamente e, incluso, se han solicitado procesos disciplinarios contra funcionarios públicos que no atienden los casos de violencia de manera correcta.

Uribe también sostuvo que las principales fallas radican en la falta de gestión de los trámites de expedientes y que la comisaría de familia clasifica como conflicto familiar casos que en realidad sí implican violencia, por lo que no se garantizan los derechos, las medidas y la protección que requiere la mujer.

Para avanzar frente a esta problemática, María Camila Correa sostiene que lo primordial es fortalecer la capacitación de funcionarios judiciales y de investigación, y sensibilizar a la sociedad.

“La violencia contra las mujeres no es solo el feminicidio y las agresiones sexuales, día a día, en diferentes ámbitos, se presentan micromachismos, situaciones que son replicadas tanto por hombres como por mujeres, tales como el acoso callejero, el comentario hiriente, la actitud morbosa, y todo eso reproduce la violencia, por eso, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha de celebración, se debe pensar como una jornada de reflexión para analizar en qué estamos y qué nos falta”, indicó.

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