Cerca de 12 gobernadores indígenas estarían amenazados en Córdoba

El defensor de Derechos Humanos en Córdoba, Andrés Chica, denunció que cerca de 12 gobernadores menores indígenas del resguardo Zenú Alto San Jorge, estarían amenazados en el departamento.

Según la denuncia, las amenazas se estarían presentando por la defensa que han intentado ejercer en estas comunidades para mantener la autonomía en sus territorios no permitiendo la injerencia de grupos armados ilegales.

“En solo el sur de Córdoba tenemos 12 gobernadores menores amenazados y obviamente el gobernador mayor del resguardo Zenú Alto San Jorge, también amenazado y con protección del Estado. Las amenazas son porque ellos defienden la autonomía de sus territorios y están diciendo que a sus territorios no pueden entrar actores ilegales y que no pueden haber rentas ilícitas como lo es la siembra de coca, la minería ilegal y obviamente acciones de violencia”, precisó el defensor.

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El defensor agregó que “estos gobernadores son del cabildo de Buenavista, del cabildo de La Apartada, del cabildo de Montelíbano, cabildo de Puerto Libertador, en este último municipio hay ocho cabildos menores y la mayoría están amenazados”.

En un reciente estudio realizado por el Centro de Pensamiento Un Caribe de la Universidad del Norte, en donde se analizan las dinámicas del conflicto en la Costa, se estableció que, las poblaciones indígenas están quedando en medio del fuego cruzado que protagonizan el Clan del Golfo, Los Caparrapos y disidencias de las Farc.

“En el sur de Córdoba, por ejemplo, hay desplazamientos masivos y entre ellos se encuentran las comunidades indígenas en municipios como San José de Uré y Tierralta”, indicó el politólogo e investigador de la Uninorte, Luis Trejos.

Frente a lo planteado, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, reconoce que la situación se complica aún más con la injerencia de carteles mexicanos en el departamento.

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“Hay que reconocer que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, de las comunidades y distintos líderes sociales que han venido denunciando la presencia de estos carteles mexicanos desde hace más de dos años en el sur de Córdoba especialmente. Es una presencia que no habla de control territorial pero sí de injerencia en todo el negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos y esto afecta la seguridad de nuestras comunidades”, precisó la mandataria.

Al tiempo estableció que “nuestro llamado ha sido siempre a la Fuerza Pública y a las autoridades a ahondar en estas denuncias, a precisar el alcance de las mismas y sobre todo a precisar el alcance de las mismas y sobre todo a proteger a la población civil, a los líderes sociales y comunidades indígenas que son las más afectadas”.