Fiscalía asegura que Fonade se convirtió en "una empresa criminal"

En el año 2017, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) abrió una convocatoria para invitar a varias empresas a participar del proyecto para hacer la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de vivienda de interés prioritario. Dicho proyecto se ejecutaría en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,  Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.

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La Fiscalía General de la Nación encontró que dicha invitación estaba “condicionada por una alianza criminal” debido a que, previamente, entre funcionarios y particulares acordaron que “sería la organización criminal la encargada de entregar los nombres de las tres empresas a las que se debían invitar, dentro de las cuales según el acuerdo se elegiría al consorcio que conformara la empresa Tecniconsulta S.A.S, que efectivamente se presentó al proceso como parte del Consorcio Interviviendas”.

Este fue uno de los convenios permeados por la corrupción de quienes convirtieron a Fonade en un fortín político y una caja menor que podían desangrar.

Dice la Fiscalía que los funcionarios de Fonade establecieron una empresa criminal “proyectada con permanencia en el tiempo para hacerse a nuevos contratos en la entidad”.

El modus operandi era sencillo: Se propusieron la consecución ilegal de los contratos, que conforme al régimen contractual de Fonade, se realizaría mediante convocatoria privada o pública. Todo esto mediante la entrega de información antes de las publicaciones formales de los procesos de selección, la verificación de que las empresas a participar cumplían con los requisitos y la influencia indebida de funcionarios públicos para el trámite y evaluación de las propuestas.

En medio de la investigación en manos de la Fiscalía cayó el nombre de Maria Cristina Palau, la exdirectora de la Uspec, funcionaria denunciada en repetidas ocasiones por W Radio.

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Para los investigadores, el millonario contrato de Fonade con la entidad encargada de administrar los recursos de las cárceles del país estaba plagado de corrupción. En este caso, se trataba del convenio para el mantenimiento de la estructura carcelaria.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, se asegura que Palau favoreció a empresas y fundaciones, y, de igual forma, impuso el personal que debía ser contratado para la administración del desarrollo del convenio.

Fiscalía llama a juicio a exdirectivos de Fonade

Tres exdirectivos del Fonade y la ex directora de la Uspec, Maria Cristina Palau, fueron llamados a juicio por presuntos actos de corrupción relacionados con la entrega de millonarios convenios a cambio del pago de sobornos y nombramientos. 

Se trata de Juan Carlos Montoya, exfuncionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y exfuncionario del Fonade; Héctor Julio Álvarez, exsecretario de Infraestructura Departamental de Córdoba; y Hugo Bula Mercado, exfuncionario de Fonade.

Según la Fiscalía, los investigados se asociaron para favorecer a particulares en proyectos de vivienda en nueve departamentos e interventoría.

En cuanto a Palau, el ente acusador señaló que buscó favorecer a varios contratistas en un jugoso contrato de mantenimiento de cárceles por un valor superior a los 400.000 millones de pesos, que sería suscrito con el Fonade.