Vuelve el escándalo de los brazaletes electrónicos para detenidos

Pese a que en los últimos ocho años han desfilado 13 directores en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad que maneja millonarios recursos para administrar las cárceles en el país parece que nunca hubiera tenido dirección alguna. Una vez más, La W conoció graves irregularidades, esta vez en lo que tiene que ver con la administración de los brazaletes electrónicos.

Todo se remonta al año 2018, cuando el supervisor del proyecto del servicio de vigilancia electrónica empezó a advertir incumplimientos por parte de la empresa que administra los brazaletes electrónicos, Unión Temporal Tecnología Avanzada (UTTA). Esta empresa, gracias a una declaración de Urgencia Manifiesta, continuará con el millonario negocio de los brazaletes electrónicos. 

W Radio conoció las actas firmadas por el Consorcio de Seguridad Tics desde el 24 de septiembre de 2018, en el que se advierte a la subdirección de bienes de la Uspec que hay aspectos por subsanar.

Por ejemplo:

El 16 de febrero de 2019 el interventor advirtió:

"El operador no cumplió con el indicador de Servicio al superar el tiempo máximo de retraso permitido de 8 horas, para atender los requerimientos...."

El 8 de abril de este año, la interventoría le advirtió a la Uspec los incumplimientos presentados en el certificado para el sistema de iluminación, el software de gestión y la disponibilidad de inventario de equipos de monitoreo y equipos complementarios.

A eso se le suma que en noviembre del año pasado el INPEC alertó escasez de dispositivos y correas para atender visitas, tanto de instalaciones como de revisiones técnicas en las diferentes regiones del país. En marzo de nuevo, reportaron la ausencia de dispositivos de monitoreo y de correas para la instalación de los mismos.

Lo mismo identificó el interventor que desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2019 encontró que 1115 visitas a internos faltaban equipos.

Pero como si fuera poco, La W Radio conoció otro informe entregado, esta vez por el Centro de Reclusión Virtual (SERVI) en el que registra la firma de 34 actas en las que se informó a la Uspec sobre falencias detectadas en el Sistema de Vigilancia Electrónica, entre las que se encontraban:

-Falta de suministros por cuenta del operador

-El aplicativo no funcionaba

-La falta de cobertura de señal para los dispositivos electrónicos.

-Las manillas se recalientan continuamente

-Reutilización de manillas sin hacer el debido mantenimiento

Según denunciaron los mismos dragoneantes del Inpec en la Procuraduría y en la Contraloría, la USPEC se ha hecho la de la vista gorda frente a todas estas denuncias por incumplimientos y por el contrario pretende prorrogar el contrato a la misma empresa, UTTA, al declarar la urgencia manifiesta.

En la denuncia se señala que la directora de la Uspec y su equipo de trabajo tuvieron tiempo suficiente "para realizar estudios previos y publicar en el SECOPuna nueva licitación pública de acuerdo a las necesidades reales..."

En el documento se indica que se ha vuelto común por parte de la Uspec prorrogar millonarios contratos a las empresas que reiteradamente incumplen frente a los servicios que debe prestar el INPEC.

La W pudo corroborar que la persona encargada de recibir estas alertas era Erick Fernando Gonzales, subdirector de bienes de la dirección logística, quien fue nombrado después de que se modificara el manual de funciones en la Uspec.