Aquí están ubicadas las estaciones de gasolina vinculadas con el narcotráfico

La W conoció la ubicación de dos de las 33 estaciones de gasolina que estarían financiando el narcotráfico. Según fuentes humanas, este combustible sería utilizado para producir la pasta de coca.

La primera es la estación de servicios San Pablo, ubicada en Teorama (Norte de Santander) y cuyo representante legal tiene un proceso abierto desde 2013 por concierto para delinquir. Esto por presuntamente cooperar con la guerrilla del Eln en tráfico de estupefacientes y almacenamiento de armas. Actualmente, este individuo tiene una orden de captura expedida en octubre de 2018 por este delito y ha denunciado ser víctima de invasión de tierras, extorsión y daño en bien ajeno.

Esta estación vendió 306.672 galones de gasolina.

La segunda es la estación fluvial Río Mira, ubicada en Tumaco (Nariño), cuyo representante legal fue encontrado en 2016 con 150 millones de pesos en efectivo sobre la vía Panamericana transportándose a Tumaco, aunque el caso fue archivado por atipicidad. En octubre de 2018, fue secuestrado por dos hombres en el patio de su casa, un proceso que sigue vigente.

Esta estación vendió 704.843 galones de gasolina.

Por otro lado, La W pudo establecer que en una estación de Rio Sucio (Chocó)  se venden 1.2 millones de galones al año con tan solo 28.000 habitantes. Cabe señalar que es lo mismo que vende la estación ubicada al frente de la Universidad Nacional en Bogotá, una de las más transitadas de la capital.

De esta manera, la Fiscalía General de la Nación investiga a los representantes legales de las 33 estaciones que presentaron un patrón atípico de ventas y hasta el momento se encontró que cinco personas tienen procesos penales como indiciados.

A las autoridades les preocupa que actualmente estas estaciones de gasolina reciben exenciones del IVA y aranceles. De las 33, 12 son elegibles para los subsidios. Según los cálculos hechos por los investigadores, el Gobierno les desembolsa 1.476 millones de pesos al año en estos beneficios, lo que podría constituir una desviación de recursos públicos para favorecer la producción de drogas ilícitas.

En estos casos, son los alcaldes los que dan los permisos para que estas estaciones puedan ser instaladas en estos lugares remotos y de difícil acceso, debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley y la ausencia de vías pavimentadas.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, en la que alerta de estas estaciones que no están ubicadas en ciudades principales, cabeceras municipales ni vías principales, ya que se encuentran en medio de cultivos de coca y que registran comportamientos atípicos en sus ventas.

Según la carta, si se controlan las ventas de estas 33 estaciones se podría evitar la producción de cerca de 89,4 toneladas de base de cocaína al año.

Por otra parte, La W conoció que la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos por parte de estas estaciones. También se investiga la relación entre los dueños de las gasolineras y los laboratorios donde se produce la coca.

El ente acusador encontró que cada vez que se destruye uno de estos laboratorios inmediatamente bajan las ventas de gasolina en las estaciones aledañas.

Por último, La W conoció que se investiga la misma situación ilícita con la venta de cemento, el cual, junto a la gasolina, es el elemento más usado en la producción de la pasta de coca.