Fiscalía investiga posibles irregularidades en caso Meritage

En los últimos días se conoció una red que beneficiaba a personas investigadas en procesos de extinción de dominio y la cual aparentemente operaba al interior de la Fiscalía General de la Nación. En este caso, se vieron nombrados el ex vicefiscal Jorge Perdomo, el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Julián Quintana y la exdirectora de la Unidad de Extinción de Dominio, Andrea Malagón.

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Todo se produce después de una denuncia del excongresista Otto Bula, hoy señalado por su papel el caso Odebrecht, quien aseguró que unos funcionarios públicos del departamento de Córdoba le pidieron una gruesa suma de dinero a cambio  de que en la Fiscalía le liberaran predios embargados tras su captura.

A raíz del escándalo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martinez, ordenó abrir investigación de varios casos en los que supuestamente existirían graves irregularidades.

La W conoció que uno de estos casos es el proceso judicial conocido como Meritage, la propuesta inmobiliaria más ambiciosa de Medellín. Se trata de un proceso de extinción de dominio en el que participaron agencias como el FBI, la DEA y la OFAC.

Los lotes en la vía Las Palmas, que están avaluados en $50.000 millones, son parte de una disputa entre Iván López Vanegas y Héctor Javier Restrepo Santamaría alias Perra Loca.

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OTROS CASOS

Bajo la lupa de las autoridades también está el caso de los Mora Urrea, más conocido como el caso Supercundi, en el que los abogados ya denunciaron supuestos ofrecimientos de dinero por parte de ex miembros de la Fiscalía.

En este caso, según el diario El Tiempo, los testimonios de los exguerrilleros que sirvieron de base para la acusación contra los Mora fueron tramitados a través de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (Rime) n.° 5. Esto, dentro de una operación que se conoció como “Chachachá” y que contó con el apoyo del coronel Edinson González, esposo de Andrea Malagón.

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Por otro lado, el ente acusador revisa procesos de extinción de bienes vinculados a los narcotraficantes Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff, y el caso de  un empresario antioqueño involucrado en el saqueo a San Andrés y a Armenia.

También la Fiscalía investiga los hechos que rodearon la entrega de siete apartamentos por parte de Inmobiliaria Umbral Propiedad Raíz S.A., de Medellín, a Otto Bula. Según las indagaciones, los apartamentos le fueron entregados en el Edificio Pentagrama en Bogotá, como parte de un arreglo de cuentas que se originó de un negocio de un lote en Pereira, que estuvo en extinción de dominio.

Otra de las líneas de investigación de la Fiscalía tiene que ver con las relaciones de Bula con la banda La Oficina, más exactamente con Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias Pichi Calvo, asesinado en la vía Las Palmas en Medellín.

Las pesquisas de la Fiscalía, con apoyo de la DEA, dan a parar en aparentes acciones de blanqueo de capitales mediante la compra, venta y traspaso de bienes en el triángulo turístico del occidente antioqueño, Córdoba y Sucre.

Por último, según El Tiempo, otro caso que se ordenó investigar es el de una cabaña y un lote, en Coveñas, a nombre del padre de Bernardo “Ñoño” Elías, que realmente serían del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

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DENUNCIAN AL EXDIRECTOR DEL CTI EN CASO SUPERCUNDI

La defensa de los Mora Urrea, socios de Supercundi investigados como presuntos testaferros de las Farc, radicó una denuncia penal en contra del exdirector del CTI, Julián Quintana.

Dice la denuncia que Quintana supuestamente buscó a Alirio Mora Urrea para pedirle dinero a cambio de “terminar el proceso en su contra”. En el documento se asegura que esta solicitud se hace después de que la exfiscal Andrea Malagón ordenara apertura de investigación de extinción de dominio, asignando esta indagación al fiscal Carlos Nicolás Sotomonte.

La Fiscalía citó para el próximo martes 26 de febrero a diligencia de interrogatorio a Quintana tras conocerse una denuncia del ex congresista Otto Bula, quien asegura que los hermanos Fortich de Córdoba le pidieron dinero y le dijeron que podían arreglar un proceso judicial que se adelantaba en su contra a través del exfiscal Jorge Fernando Perdomo  la exfiscal Andrea Malagón y el exdirector del CTI, Julián Quintana.

El exdirector del CTI, el exvicefiscal y la exfuncionaria han negado en varias oportunidades estas acusaciones en su contra y dicen que todo hace parte de una venganza en su contra por haber hecho su trabajo e investigar.  

Por otro lado, La W conoció que Alejandro Carranza, abogado del caso Supercundi, denunció que el fiscal Sotomonte lo citó para que hablará en contra de sus propios defendidos.

“El fiscal Carlos Nicolás Sotomonte, que sabe que lo tengo denunciado por usar falsos testigos en procesos de extinción contra la familia Mora Urrea, me está citando a que yo dé unas versiones y entrevistas (…) me sorprende, pues ese fiscal sabe que yo lo tengo denunciado y sabe que mis clientes son los Mora Urrea”, dijo Carranza.

Carranza asegura además que en la Unidad de Extinción de Dominio está usando un “falso testigo” de nombre Fernando Bahamón. Además, agregó que está siendo víctima de persecuciones y seguimientos a su oficina y su residencia.