Mientras Fiscalía señala a Alirio Mora de testaferro Farc, JEP estudiará su secuestro

La W conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz radicó al despacho que investiga el primer caso de retención de particulares en el marco del conflicto, dos entrevistas de exguerrilleros de las Farc que presentó la defensa de Alirio Mora Urrea como prueba de que el dueño de los almacenes Merkandrea, sí fue secuestrado por parte de la guerrilla en 1999 y no ha sido su testaferro.

Se trata de los testimonios de Wilmar Antonio Marín Cano alias ‘Hugo’ y de Henry Castellanos alias ‘Romaña’, que fueron aportados por la defensa como elementos probatorios de que Alirio Mora fue víctima de la guerrilla, y no ha lavado dinero a las Farc, como lo señala la Fiscalía.

Aunque aún la JEP no aceptado oficialmente a Mora Urrea como víctima de las Farc, las pruebas de su presunto secuestro fueron remitidas por la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Julieta Lemaitre Ripoll, al caso 001 de estos procesos ante la JEP.

“Fueron radicados en el marco del Caso No. 001 a partir del informe No. 2 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado ‘Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP’”.

La Fiscalía 4 Especializada contra Organizaciones Criminales, también solicitó estos testimonios el pasado mes de octubre.

Entre tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, certificó el 17 de abril de 2018, que “en el marco de su mandato abrió un caso para la búsqueda de Alirio Mora Urrea el 19 de marzo de 1999”, lo que refuerza la tesis de su secuestro por parte de las Farc.

El ente acusador a través del Fiscal 35 de Extinción de Dominio, Nicolás Sotomontes, insiste en que Alirio Mora Urrea y tres de sus hermanos, incrementaron injustificadamente su patrimonio desde los años 90, a través del lavado de activos del frente oriental de las Farc teniendo como fachada los supermercados Merkandrea y Supercundi. Esto generó una grave alteración del orden público, atracos y saqueos a la cadena de almacenes en poblaciones de Tolima, Cundinamarca y el sur de Bogotá.

Sin embargo, el juez que los dejó en libertad compulsó copias para establecer si se estaba o no manipulando el expediente, pues se evidenciaron incongruencias en los testimonios de tres supuestos desmovilizados de la guerrilla, testigos clave de la Fiscalía.

Una de estas consiste en la certificación que firmó el fiscal Sotomontes recibiendo el testimonio de Wilson Rivas alias ‘muelas’ el 20 de noviembre de 2017 en El Espinal (Tolima), mientras la defensa presentó una certificación, firmada por el propio fiscal, en la que aseguró que ese mismo día el testigo estaba en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. 

Aunque la Fiscalía esperaba la reactivación del proceso previo al llamado a juicio, el juez advirtió que al haber personas de las Farc involucradas en el expediente no era competente para decidir el asunto y envió el proceso al Tribunal de Bogotá. El Tribunal coincidió con el juez y remitió el expediente a la JEP, que deberá definir si admite la investigación, o si debe continuar su trámite ante la justicia ordinaria.