Juez envía a la cárcel al alcalde de Popayán
César Cristian Gómez Castro fue cobijado con medida de aseguramiento intramural, por evadir una licitación pública y entregar los servicios de tránsito a una empresa privada.
César Cristian Gómez Castro es investigado por presuntos hechos de corrupción. Foto: Colprensa(Thot)
La Juez Tercera Penal Municipal de Popayán cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al alcalde César Cristian Gómez Castro, investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción.
En la audiencia, la juez señaló que el mandatario utilizó medios para evadir una licitación pública en la entrega de los servicios de tránsito a la empresa privada Quipux de Medellín.
Asimismo, la operadora judicial consideró que en su condición de Alcalde podría obstruir el proceso de investigación que cursa en su contra, reincidir en el presunto delito, por el cual ya fue acusado en otro proceso y evadir la justicia.
Los hechos materia de investigación se relacionan con la entrega, presuntamente irregular de los servicios de tránsito a la firma antioqueña Quipux, a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Emtel.
El mandatario y el exsecretario de Tránsito Municipal, Roberto José Díaz López, fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación corresponde a un contrato por más de 4.000 millones de pesos que fue celebrado el 28 de marzo de 2017 y cuyo objeto fue la concesión de los servicios de la Secretaría de Tránsito de Popayán, a través de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y Emtel.
Según las autoridades, esta última compañía, realizó una alianza estratégica con la empresa Quipux S.A.S. de Medellín la cual ejecutaría la mayor parte del objeto contractual, aun cuando el mismo debió realizarse mediante licitación pública.
Entre tanto, la Procuraduría Regional del Cauca remitió por competencia la indagación preliminar por los mismos hechos, desde el punto de vista disciplinario.
La firma Ortega & Abogados señaló al respecto que, al entregar la operación del tránsito a una empresa privada, sin licitación, el Alcalde incurrió en la falta gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48 Ley 734 de 2002.
