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Icbf asegura que anticipo de nómina fue para desarrollar funciones en la entidad

Cabe señalar que la directora de la entidad, Juliana Pungiluppi, había afirmado que este anticipo de nómina se realizó por cuestiones personales no de trabajo.

Juliana Pungiluppi, directora del Icbf, solicitó un anticipo extraordinario de nómina no solo para ella sino también para el director encargado de la regional de Magdalena, Gonzalo Carreño. Foto: Colprensa

Juliana Pungiluppi, directora del Icbf, solicitó un anticipo extraordinario de nómina no solo para ella sino también para el director encargado de la regional de Magdalena, Gonzalo Carreño. Foto: Colprensa(Thot)

Anteriormente, La W hizo pública una resolución en donde la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, solicitó un anticipo extraordinario de nómina, no solo para ella sino también para el director encargado de la regional de Magdalena, Gonzalo Eduardo Carreño.

En su momento, la directora aseguró que tenía el sustento jurídico para justificar estas actuaciones, por lo que hizo llegar a este medio un comunicado que asegura que “la solicitud se originó en una necesidad de la directora para atender actividades programadas propias del servicio, en cumplimiento de la misionalidad de su cargo”.

Sin embargo, el pasado jueves 24 de enero, Pungiluppi le había afirmado a este medio que la razón para solicitar este anticipo obedecía a un problema privado que tenía en su hogar y que, por ello, no era conveniente hacerlo público.

Así, el comunicado también afirma que la actuación “se hizo en el marco del principio de legalidad y de buena fe, para el cumplimiento de las funciones del cargo”, por lo que “queda solicitar a los organismos de control que revisen la actuación administrativa en estos hechos”.

Ante esto, La W consultó con Función Pública, quien asegura que, según el decreto 051 de 2018, está prohibido realizar el pago de nómina a funcionarios públicos por adelantado. Esto se debe a que, según cita esta ley, “el pago de la remuneración a los servidores públicos del estado corresponderá a servicios efectivamente prestados”.

De esta manera, al consultar a Pungiluppi al respecto, la directora del Icbf afirma que tiene todo el sustento jurídico para argumentar estas acciones. Aunque La W solicitó el documento, hasta la fecha  no lo ha recibido.

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