Juez aplazó audiencia para revisar caso del alcalde de Popayán
El martes 29 de enero se conocerá la decisión de la Juez Tercera de Control de Garantías, en el caso de César Cristian Gómez Castro, investigado por presuntos hechos de corrupción.
El próximo 29 de enero se decidirá si se dicta o no medida de aseguramiento en contra del alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, investigado por la Fiscalía. Foto: Colprensa(Thot)
El Juzgado Tercero de Control de Garantías revelará el próximo martes 29 de enero la decisión de dictar o no una medida de aseguramiento en contra del alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, investigado por la Fiscalía General de la Nación.
La juez encargada del caso analizará los elementos aportados por el ente acusador y la defensa, para emitir una determinación en el caso del mandatario, investigado por entregar de manera presuntamente irregular los servicios de tránsito a la firma antioqueña Quipux, a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Emtel.
Tanto el mandatario como el exsecretario de Tránsito Municipal, Roberto José Díaz López, fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación corresponde a un contrato por más de 4.000 millones de pesos que fue celebrado el 28 de marzo de 2017 y cuyo objeto fue la concesión de los servicios de la Secretaría de Tránsito de Popayán, a través de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y Emtel.
Según las autoridades, esta última compañía, realizó una alianza estratégica con la empresa Quipux S.A.S. de Medellín la cual ejecutaría la mayor parte del objeto contractual, aun cuando el mismo debió realizarse mediante licitación pública.
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CRÍTICAS A LA CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA
Álvaro Casas, abogado que denunció el caso, cuestionó la postura asumida por los delegados de la Contraloría y la Procuraduría en la reciente diligencia, pues aseguró que no defendieron los intereses del municipio, sino los del alcalde.
“La abogada de la Contraloría Municipal, quien funge como representante del Municipio como víctima, asumió la defensa del Alcalde, cuando esa no es la misión (…) Esto resulta desconcertante, pero también lógico, porque la señora abogada es empleada del contralor, quien fue jefe de debate durante la campaña política del señor alcalde”, agregó.
Por otra parte, dijo que el agente del Ministerio Público asumió una posición favorable al mandatario y contraria a la medida de aseguramiento, “en mi calidad de denunciante aporté todos los documentos que se encontraron en la etapa precontractual de este proceso”, aseveró.
