Irregularidades en Ministerio de Vivienda dejaron inconclusas obras de interés social

Por: Laura Palomino y Paula Bolívar

La W conoció que hoy en día están en riesgo más de 4.000 viviendas de interés social, pertenecientes al proyecto de vivienda Gratuita Fase 2 que lideró la ex ministra de Vivienda, Elsa Noguera, durante 2016 y 2017.

Este medio investigó lo que sucedió con estas viviendas y encontró que de los 195 proyectos, 35 fueron entregados al empresario nariñense Germán Mora Insuasti, quien se presentó a través su empresa Constructoras Germán Mora y tres uniones temporales.

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Lo más grave es que el 62% de las obras que tiene Mora están en riesgo, pues han incumplido 22 de los 35 proyectos que tiene en Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Putumayo, Huila, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Tolima.

Fuentes de La W revelaron que estas irregularidades no fueron investigadas por el entonces viceministro de Vivienda, Milton Mauricio Rosero, también nariñense y cuota política de Guillermo Garcia Realpe, senador del Partido Liberal y también oriundo de Nariño.

Las mismas fuentes le dijeron a esta emisora que el senador supuestamente intermedió ante el ex viceministro para que el contratista Mora Insuasti no fuera investigado por los incumplimientos en las obras.

Llama poderosamente la atención que a pesar de los incumplimientos a más de 14.000 beneficiarios, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres entregó un contrato a Mora para la reconstrucción de Mocoa en junio de este año.

Pero estas no son las únicas denuncias en contra del contratista Mora. La W conoció además que Mora es investigado por las presuntas irregularidades y retrasos tras la iniciativa Aulas por la Paz de la ciudad de Buga en el Valle del Cauca, que inició con el propósito de implementar la jornada única y adecuar y mejorar la infraestructura de los colegios de la ciudad.

El incumplimiento de las millonarias obras en el Valle del Cauca terminó siendo un daño colateral del escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Entre las empresas seleccionadas por el Ministerio de Educación para construir los megacolegios estaba la firma peruana Graña y Montero, empresa que, según Marcelo Odebrecht, participó en el esquema de sobornos a diferentes gobiernos.

En Buga, al principio, les asignaron las obras a Graña y Montero, pero cuando vetaron al contratista, la firma de Germán Mora quedó al frente de las construcciones de los colegios, los cuales están abandonados desde el 11 de julio del 2018.

El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) y el Ministerio de Educación Nacional fueron las entidades que iniciaron este proyecto, en un marco nacional.