Segundo capítulo de corrupción en la  salud de Córdoba

La W conoció que la Fiscalía General de la Nación abrió investigación por un nuevo escándalo de corrupción  en el departamento de Córdoba en el que se vieron comprometidos los millonarios recursos destinados a la salud de la región y cuyo robo tiene como protagonista a la EPS del régimen subsidiado, Comfacor, Caja de Compensación Familiar de Córdoba.

En agosto de este año la Contraloría regional presentó un informe preliminar en el cual encontró graves irregularidades en el manejo de los recursos de la salud que ocasionaron hallazgos fiscales por más de 17 mil millones de pesos. 

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Se usaron irregularmente los recursos provenientes de la denominada Unidad de Pago por Capitación – U.P.C., que son recursos parafiscales y en consecuencia le pertenecen al Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que no se pueden destinar a usos diferentes a los de la misma seguridad social.

Sin embargo, el ente de control entre los años 2015 y 2017 la EPS pagó gastos por publicidad y patrocinios a terceros con estos recursos. 

También se encontraron pagos efectuados a favor del Club Profesional de Fútbol de Montería, Jaguares Fútbol Club S.A., por $150 millones con recursos de la salud. 

También destacan los pagos hechos a la Academia de Béisbol, Hermanos Rentería, que recibió $247 millones. De igual forma, el Reinado Nacional de la Ganadería, recibió recursos de la salud por $45 millones, y a otros gastos de diferentes tipos de publicidad, que no guardan relación con los servicios de salud, se le destinaron más de $218 millones. 

Según la Contraloría todos los anteriores pagos corresponden a gastos no autorizados con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ocasionando un hallazgo fiscal por más de $822 millones.

La Contraloría asegura que existen irregularidades en los honorarios por administración delegada, por más de $14.450 millones, también  beneficios y auxilios extralegales de nómina, por más de $2.044 millones, entre otros.

La E.P.S. COMFACOR, entre 2015 y 2017, mantuvo vigentes los contratos de administración delegada con empresas privadas en los departamentos de La Guajira, César, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre, con el fin de crear nuevos aseguramientos en estos territorios a través de un mandato sin representación. En dichos contratos, sin embargo, la E.P.S. COMFACOR acordó expresamente que los honorarios por administración delegada se pagarían con un porcentaje de la U.P.C. que recibían en aquel entonces por parte del FOSYGA.

La Contraloría pudo evidenciar que la E.P.S. COMFACOR contrató con terceros particulares, a los que les pagó con un porcentaje de U.P.C, para que realizaran actividades que eran única y exclusivamente obligación de la E.P.S, con lo que se vieron beneficiados contratistas que recibieron recursos públicos por el desarrollo de actividades que no podían ser delegadas en ellos. Todo lo anterior generó un detrimento patrimonial de los recursos de salud, en cuantía superior a los $14.450 millones. 

De igual forma, durante las vigencias 2015 al 2017, COMFACOR realizó pagos con los mismos recursos provenientes de la U.P.C., por conceptos de primas de vacaciones, primas extralegales, auxilios, bonificaciones, gastos de transporte, hospedaje y gastos de bienestar social, para funcionarios vinculados laboralmente al Programa de Salud, por más de $2.044 millones. Si bien se trata de gastos inicialmente relacionados con la administración y funcionamiento de la E.P.S., los mismos excedieron las obligaciones laborales corrientes, y debían ser cubiertos con una fuente de pago distinta, proveniente de recursos propios de la COMFACOR, pero no con los recursos parafiscales originados en la U.P.C. 

La W conoció que las autoridades investigan al  ex representante legal de la EPS, Emiro Márquez Martínez y al actual gerente Néstor Miguel Murcia Bello, quien ha tenido estrecha relación con la recién capturada Eva Carrascal, ex delegada de la Superintendencia de Salud durante la administración de Norman Julio Muñoz.

Adicionalmente este medio  obtuvo  el informe de la Superintendencia Nacional de Salud donde se evidencia que la EPS presenta varias deficiencias en el proceso de atención a sus usuarios  principalmente  a pacientes maternas, recién nacidos y población infantil.

También se registra un bajo cumplimiento en la atención para la detención  de cáncer de cuello uterino, casos en los que se ha registrado un nivel elevado de mortalidad materna.

Hace dos semanas el nuevo Superintendente Nacional, Fabio Aristizabal tomó la decisión de prohibirle a Comfacor nuevas afiliaciones de usuarios debido a las ineficiencias. El viernes pasado el funcionario aseguró que no va permitir que se roben un solo peso de la salud del departamento de Córdoba.

Mientras tanto la Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto e inició las labores investigativas en la región.