Procuraduría inhabilita a exsecretario de infraestructura y a alcalde local de Cartagena
La sanción se da porque los entonces funcionarios entregaron a Edurbe el 100 por ciento del valor de los convenios antes de iniciar los trabajos.
Los entonces funcionarios entregaron a Edurbe el 100 por ciento del valor de los convenios antes de iniciar los trabajos. Foto: Getty Images | Cartagena(Thot)
Por irregularidades en la firma de dos convenios para la ejecución de obras públicas con la cuestionada Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, por más de $600 millones, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al exsecretario de Infraestructura de Cartagena, Antonio Flórez Garizábal y al exalcalde de la localidad 1 Amaury Lora Márquez.
La sanción en contra de Flórez Garizábal, quien estuvo al frente de la infraestructura entre 2008 y 2011, es de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 13 años. Y contra el exalcalde menor Lora Márquez, quien estuvo en el cargo de noviembre 2010 a diciembre 2011, la sanción de inhabilidad es de 11 años.
De acuerdo con el Ministerio Público, se estableció que los entonces funcionarios entregaron a Edurbe el 100 por ciento del valor de los convenios antes de iniciar los trabajos, con lo que violaron las normas legales que prohíben que los anticipos o pagos adelantados excedan el 50 por ciento del valor de los contratos.
En el caso de Flórez Garizábal, el convenio firmado tenía como objetivo la reparación del techo de una dependencia de la administración municipal, por 75.264.719 de pesos.
Sobre Lora Márquez, informó la Procuraduría que contrató a Edurbe para realizar una serie de obras que incluían la adecuación, recuperación y mantenimiento de parques y zonas verdes de la localidad, la construcción de unidades sanitarias y la dotación del centro comunitario en la isla de Punta Arena, ente otros trabajos, por más de $589 millones.
Para el Ministerio Público con su actuación los disciplinados vulneraron los principios de moralidad y responsabilidad administrativa, al desconocer su compromiso de cumplir sus deberes constitucionales y legales en la contratación. El órgano de control calificó la conducta como una falta gravísima a título de culpa gravísima. Contra este fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
