Denuncian falsificación de informe que permitió iniciar contrato de semaforización
Para el Ministerio Público es claro que entre sus funciones como órgano de control no está la de avalar o dar el visto bueno a la contratación.
La Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía para que investigue las conductas penales relacionadas con la falsificación de un informe, aparentemente expedido por el Ministerio Público, que sirvió de soporte para que la Secretaría de Movilidad de Bogotá iniciara la ejecución del contrato de instalación y operación de semáforos inteligentes en la ciudad.
El órgano de control estableció que el documento citado el 12 de septiembre por el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún, según el cual la Procuraduría daba su aval para que se iniciara la ejecución de ese contrato, es falso y por consiguiente el contenido del mismo no corresponde a la verdad.
El Ministerio Público resaltó que la dependencia que supuestamente expidió el documento -Grupo de Consultas y Análisis – no existe en la estructura interna de la entidad, y la persona que lo firma no es funcionario de la Procuraduría.
Ante esa irregularidad, que muestra posibles vulneraciones a la ley penal, la Procuraduría envió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación por esos hechos.
Simultáneamente, el ente de control reiterará su solicitud para que la Secretaría de Movilidad ordene la suspensión de contrato por $215.000 millones, ante los riesgos que representan para su ejecución las inconsistencias en la información económica que entregó Sutec Sucursal Colombia S. A., miembro del consorcio Movilidad Futura 2050, y las acciones denunciadas ante la Fiscalía.
Para el Ministerio Público es claro que entre sus funciones como órgano de control no está la de avalar o dar el visto bueno a la contratación, que en este caso específico corresponde a la administración del Distrito en cabeza de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
De esta acción fueron informados el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún, la Directora de Asuntos Legales de esa entidad, Carolina Pombo Rivera, y la Subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo, quienes son disciplinados en un proceso donde se les formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato de semaforización inteligente de la ciudad, por más de $173.000 millones.