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Procuraduría inhabilita a exgerente de Edurbe y a exalcalde local de Cartagena

La sanción se da por irregularidades en la contratación de 14 obras civiles por un valor de $1.500 millones.

Augusto Mainero Román, exgerente de Edurbe, y Mauricio Betancourt Cardona, exalcalde de la localidad 1 de Cartagena. Foto: W Radio

Augusto Mainero Román, exgerente de Edurbe, y Mauricio Betancourt Cardona, exalcalde de la localidad 1 de Cartagena. Foto: W Radio(Thot)

Augusto Enrique Mainero Román, exgerente de la cuestionada Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), y Mauricio Betancourt Cardona, exalcalde de la localidad 1 de Cartagena, fueron sancionados por Procuraduría General de la Nación con inhabilidad por 17 y 15 años respectivamente, por irregularidades en la ejecución de un convenio que contemplaba la realización de 14 obras civiles por más de $1.500 millones.

Tras investigaciones, el ente de control estableció que de las obras contratadas, que incluían la construcción de andenes, pavimentación de vías y reparaciones a instalaciones de colegios en la localidad, siete no fueron concluidas y las restantes no se iniciaron, a pesar de que la alcaldía local desembolsó el 97,5% del dinero, más de $1.300 millones, para que se realizaran.

Se trata de un contrato firmado entre la Alcaldía de la localidad Histórica y del Caribe Norte y Edurbe el 28 de junio de 2011 y, según el Ministerio Público, se encontraron cuentas por pagar de $469 millones sin respaldo en las cuentas bancarias del convenio.

El órgano de control calificó la conducta cometida por Maineri y Betancourt como una falta gravísima a título de culpa gravísima, ya que el entonces gerente Mainero, quien estuvo en el cargo entre 2010 y 2012, “desconoció con su actuación los principios de responsabilidad y eficacia en la función administrativa, al no invertir de manera correcta y oportuna el anticipo girado por la Alcaldía, lo que ocasionó la suspensión de las obras”.

Así mismo, la Procuraduría señala que Betancourt, quien fue alcalde local entre 2012 y 2015, “no protegió los derechos de la entidad que representaba y no adoptó las medidas administrativas y judiciales necesarias para exigir el cumplimiento del convenio”.

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