Así opera el robo a la salud en Vichada
La asignación de una cita especializada se demora hasta seis meses, por lo que la gente se muere esperando un examen médico, un diagnóstico o medicamentos para sus tratamientos.
Los cuerpos de los fallecidos deben pasar varios días en una morgue que no cuenta con las condiciones sanitarias idóneas. Foto: W Radio(Thot)
Durante la visita de La W al departamento del Vichada, los pobladores de Puerto Carreño se acercaron a este medio para hablar sobre el hospital San Juan de Dios.
Los pobladores de la región denunciaron que normalmente solo se programan ocho citas médicas diarias para una población de más de 10.000 habitantes. Además, informaron que no existe un delegado para el Control y Vigilancia que supervise la prestación del servicio de salud en el hospital más importante del departamento.
Según los denunciantes, la asignación de una cita especializada se demora seis meses. Por este motivo, la gente se muere esperando un examen médico, un diagnóstico o los medicamentos para sus tratamientos.
Según la Contraloría General de la República, el Plan de Ejecución (PAS) correspondiente a la vigencia 2017 registró un bajo nivel de ejecución. Esta situación obedece a deficiencias en las actividades de planeación y gestión del sector.
Además, se encontró debilidad en la oferta de servicios de salud en el departamento e inoportunidad en la contratación de las acciones de gestión de salud pública e intervenciones colectivas priorizadas.
Por otra parte, el ente de control encontró que la Gobernación suscribió, con fecha 28 de junio de 2017, un contrato interadministrativo por más de 400 millones de pesos con el hospital San Juan de Dios. Este inició su ejecución el día 3 de agosto de 2017, afectándose con ello el principio de continuidad de las intervenciones colectivas al no garantizarse, durante el término transcurrido entre los meses de abril a julio, la existencia de un contrato con la ESE para la ejecución de las intervenciones proyectadas para la vigencia.
Como si fuera poco, los muertos también deben esperar para una necropsia. Los cuerpos de los fallecidos deben pasar varios días en una morgue que no cuenta con las condiciones sanitarias idóneas para su tratamiento.
Pero la única región afectada no es Puerto Carreño. A más de 700 kilómetros de este municipio, se encuentra Cumaribo, cuya población es 80% indígena y es el municipio más grande del país. Cuenta con una extensión 40 veces el Área Metropolitana de Bogotá, ocho veces la superficie de Suiza y 43 veces la de São Paulo, Brasil.
En enero de este año, la Fiscalía General de la Nación capturó al ex alcalde Arnulfo Romero Pardo, al alcalde Hermenegildo Beltrán Sosa, a la exsecretaria de Desarrollo Social, Leidy Yurani Plazas Barreto, a la subgerente de Matsuldani, Deisy Solano Herrera, y al coordinador de la IPS, Haider Puertas Lombana. Estas detenciones se produjeron en medio de una investigación por la apropiación ilícita de más de 950 millones de pesos destinados a los planes de intervención colectivas.
En su momento, la Fiscalía encontró que los funcionarios repetían fotografías para sus informes de gestión, los menores de edad que “atendían” en programas de nutrición aparecían registrados en Neiva, facturaban tarros de leche sin los registros de salubridad del Invima y tenían medicamentos mal almacenados.
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