¿En qué va la licitación del alumbrado público para Santa Marta?

El pasado miércoles 8 de agosto, la Alcaldía de Santa Marta publicó el Resumen de Requisitos Habilitantes, correspondiente al proceso de licitación pública 011 del 2018.

Con este, el Distrito busca adjudicar por 25 años la concesión para la operación, administración, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,  en el departamento del Magdalena.

La firma que hasta el momento apunta a ser seleccionada es Promesa de Sociedad Futura Alumbrado Público de Santa Marta S.A.S, integrada por Diselecsa y Eneralco S.A.S E.S.P, entre cuyos accionistas figura el reconocido empresario William Vélez, quien desde hace 20 años ha estado a cargo del alumbrado de Santa Marta con la actual concesión Alumbrado Público de Santa Marta.

Según el portal de noticias Seguimiento.co, “para poder asegurarse esta licitación, la actual proponente, denominada Promesa de Sociedad Futura Alumbrado Público de Santa Marta S.A.S. – Alusmart S.A.S. (integrada en un 47% por la compañía de Vélez, Eléctricas de Medellín), solamente tendrá que subsanar algunos detalles de forma”.

De acuerdo con el informe publicado por el comité evaluador de la Alcaldía de Santa Marta, las observaciones son tres:

1. Expedir una nueva certificación del “cupo de crédito disponible”, pues lo presentaron a nombre de un consorcio distinto al que están aspirando.
2. Adjuntar los aportes de seguridad social de los últimos seis meses de la compañía Celsa.
3. Sobre el informe técnico, los evaluadores piden al proponente que adjunten algunos certificados que validen la experiencia general, así como sobre las experiencias de algunos ingenieros que formarán parte del equipo encargado de ejecutar el contrato.

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ANTECEDENTES

Pese a que el alcalde Rafael Martínez había anunciado durante su campaña que acabaría con todas las concesiones del Distrito, el aviso de licitación se publicó en el SECOP el 5 de septiembre del 2017.

El plazo del contrato de concesión será de Veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de la concesión, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se trata de un impuesto de 9 por ciento sobre el consumo de energía para los usuarios de estratos 4, 5, 6 e industrial y comercial, y del 7 por ciento para los estratos 1, 2 y 3. A mayor consumo, más se paga.

La licitación se suspendió en noviembre por recomendaciones de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien había señalado en su momento ocho observaciones puntuales sobre los términos fijados para la licitación que tienen que ver con la oferta económica, los requisitos financieros de los proponentes y algunos otros factores técnicos.

Un mes después, la Alcaldía de Santa Marta declaró desierta la licitación para otorgar la concesión del alumbrado público de la ciudad, por lo que se suspendió el proceso en aras de acatar las recomendaciones entregadas por la Procuraduría General de la Nación.

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LA OPOSICIÓN

La concejal Elizabeth Molina ha sido la única que ha manifestado abiertamente oposición al proceso, por considerar que los requisitos exigidos a los proponentes limitan la participación de otras empresas prestadoras de este tipo de servicio.

La cabildante radicó ante la Oficina de Contratación unas observaciones con copia a la Procuraduría Regional del Magdalena para que sean los organismos de control los que entren a revisar el tema:

“Como concejal le he cumplido a la ciudad. Voté positivo en las tres primeras prórrogas para la concesión que actualmente maneja el alumbrado de la ciudad, pero creo que no podemos ser permisivos con un proceso que está amañado y del que elegirán una empresa a dedo”, dijo la cabildante. “Es que en Colombia solo hay dos empresas que cumplen con la condición determinada por la Alcaldía, se trata de Diselecsa y de MegaProyectos”.

Ambas empresas también fueron calificadas como irregulares por la concejal, teniendo en cuenta, que sus dueños han enfrentado investigaciones. En el caso de Diselecsa, Remberto Merlano, empresario investigado y conocido como ‘El Zar del Alumbrado Público’. El otro caso es William Vélez, empresario investigado y conocido como “El rey de las contrataciones”, pero que también se ha enfrentado a investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo

La concesión con Alumbrado Público, que inició en 1997, se venció hace más de un año, pero se ha prorrogado en espera de que se defina el nuevo operador. Ya en febrero del año pasado, el alcalde había pedido al contratista que presentara un plan de reversión de todo lo concerniente a la culminación y liquidación de dicho contrato y de los activos que lo componen y que revertirán al ente territorial.