Santa Sede es la competente para resolver denuncias de pederastia: Arzobispo de Medellín

Por Juan Pablo Barrientos

El 18 de mayo renunciaron ante el papa Francisco 34 obispos chilenos por el caso del obispo José Barros, quien encubrió y protegió por años al sacerdote pederasta Fernando Karadima. Este escándalo tiene similitudes con el caso del padre Roberto Cadavid, de la Arquidiócesis de Medellín, quien después de pasar de una a otra parroquia abusando de niños, con la anuencia de sus superiores, terminó trabajando en dos parroquias en Estados Unidos con el permiso y la recomendación de su arzobispo, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, luego de que este mismo lo suspendiera de su ministerio, en 2012, por denuncias de pederastia. En la Diócesis de Brooklyn aún no salen del asombro por el engaño al que fueron sometidos por parte del máximo jerarca de la Iglesia Católica en Medellín, más cuando en Estados Unidos, tras los escándalos del 2002, no se dan el lujo de cometer errores. 

Según la Conferencia Episcopal de ese país, entre 1950 y 2002 hubo 11.000 denuncias contra 4.392 sacerdotes. Desde 1990 han renunciado 8 obispos por encubrimiento o abuso de menores. A marzo de 2006, las diócesis ya restaban 1.500 millones de dólares de sus cuentas bancarias para reparar a las víctimas. La investigación de Spotlight, del Boston Globe, galardonada con un Pullitzer, destapó una olla podrida a la que nadie se quería acercar.

Si bien las cifras estadounidenses son escandalosas, lo de Chile es más revelador porque es la fotografía de la forma en que operan los altos jerarcas de la Iglesia Católica frente a los casos de pederastia. Como lo describió a El Tiempo el 30 de abril de este año Juan Carlos Cruz, la víctima más visible del caso chileno: “Hay una gran cantidad de obispos pedófilos o encubridores, que se preocupan solo de ellos mismos y viven una vida absolutamente distinta a la que debería ser la de un obispo”.

¿Qué pasó en Chile?

El padre Fernando Karadima (87) abusó de menores de edad desde 1980 en uno de los barrios más exclusivos de Santiago. En 2003 el cardenal Francisco Errázuriz recibió los primeros señalamientos públicos, pero disuadió al denunciante de la queja contra el sacerdote y solo tres años más tarde, tras la insistencia de la víctima, envió el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Ciudad del Vaticano. En 2010 cuatro hombres denunciaron al sacerdote, por lo que fue condenado por el Derecho Canónico a “una vida en oración y penitencia”. Aunque la justicia penal reconoce que el sacerdote cometió delitos, decidió no condenarlo porque los hechos ya habían prescrito.

Sin embargo, el problema para Francisco no fue Karadima, sino el obispo de Osorno, Juan Barros, de 61 años, quien tenía estrechos vínculos con este —fue su seminarista y su dirigido espiritual por más de 40 años— y encubrió sus abusos sexuales. Siendo secretario del cardenal Juan Francisco Fresno, Barros recibió, en 1984, las primeras denuncias, las cuales “rompía”, como le dijo a BBC Mundo Juan Carlos Cruz. Incluso va más allá el denunciante asegurando que: “Juan Barros estaba parado ahí, cuando me abusaban a mí. No me lo contaron, me pasó”.

El papa Francisco visitó Chile en enero de 2018 y el obispo Barros estuvo presente en tres de sus ceremonias. El prelado ha defendido su inocencia y el papa, en aquel momento, lo apoyó públicamente desafiando a las víctimas: “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”. Las protestas contra la iglesia aumentaron y la visita del papa latinoamericano no pudo terminar peor. Antes de abordar su avión rumbo a casa, el obispo de Roma se tuvo que disculpar “porque la palabra ‘prueba’ ha herido a muchos abusados, fue sin querer”.

Al llegar al Vaticano y después de conocer “nueva información”, el sumo pontífice envió una comisión a Chile para investigar a fondo las acusaciones contra el obispo Juan Barros, que por años habían sido tratadas como rumores. Al finalizar la pesquisa, en abril, el papa invitó a la Santa Sede a los denunciantes de Karadima y Barros y les reconoció haber cometido “graves equivocaciones de valoración” frente a los señalamientos contra el obispo.

En mayo, Francisco invitó a todos los obispos chilenos a un retiro en Roma, en el que les presentó los resultados de la investigación que hizo el Vaticano. Fue tan devastador el informe de diez páginas que, al otro día, los 34 obispos renunciaron para dejar que el papa “decida libremente por cada uno de nosotros”.

Luego de conocerse las primeras denuncias públicas contra Karadima, en 2010, el obispo Juan Barros se convirtió en su principal defensor y les pidió ayuda a otros obispos para que lo respaldaran ante la opinión pública. Lo hicieron. Tras su nombramiento como obispo en Osorno, Barros no ha tenido paz, pues todas sus ceremonias son interrumpidas por manifestantes que corean “Obispo encubridor, no puede ser pastor”. Su episcopado y el de los obispos de Puerto Montt, Cristian Caro y de Valparaíso, Gonzalo Duarte, terminó este 11 de junio cuando el papa les aceptó la renuncia.

Un caso similar en Medellín

El padre Roberto Cadavid, mencionado en el primer párrafo de este artículo, es un sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín de 57 años, 29 de los cuales han sido dedicados al sacerdocio. En 1998 fue nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bello, y rector del colegio parroquial que lleva el mismo nombre. Allí estuvo hasta 2005 cuando tuvo que salir custodiado por la policía por denuncias de pederastia. Una de las dos familias de los menores, según una fuente de la investigación: “Dejad que los niños vengan a mí”, publicada en La W, negoció una millonaria conciliación con el sacerdote para acallar la denuncia ante las autoridades civiles. El entonces arzobispo, monseñor Alberto Giraldo, y su vicario general, monseñor Alfonso Vásquez, estuvieron al tanto de esa negociación. Este último ha sido el mediador en otros casos de abuso a menores en los que ha habido conciliaciones.

A pesar de las graves acusaciones y de la escandalosa salida del padre Cadavid de Bello, el arzobispo Giraldo Jaramillo lo nombró párroco en Santa Ana, en la comuna 3 de Medellín, y rector del colegio parroquial Pablo VI. De allí salió en 2012 por lo mismo, denuncias por pederastia. Su jefe, monseñor Giraldo, no solo no lo reprendió por lo sucedido en Bello, sino que lo premió con una de las parroquias más codiciadas en Medellín, donde agregó más nombres a su lista de víctimas. La emisora Minuto de Dios también lo mantuvo activo al transmitirle por muchos años, todos los domingos, su misa y sus enseñanzas morales.

Y la historia no para ahí.

Monseñor Ricardo Tobón llegó a Medellín en 2010. Mantuvo el nombramiento del padre Cadavid Arroyave en esta importante parroquia a pesar de su prontuario, del que tuvo que haber sido informado al posesionarse. Al conocer nuevas denuncias contra el sacerdote en 2012, lo retiró de la parroquia Santa Ana y lo suspendió. Meses más tarde y al ver que ya no podía sostener a su protegido en la arquidiócesis, le dio permiso y lo recomendó para trabajar en la Diócesis de Brooklyn. El sacerdote aterrizó en noviembre de 2012 en Nueva York.

En entrevista con La W, el primero de marzo de 2018, el arzobispo Tobón reconoció que suspendió al sacerdote una vez le llegaron denuncias por pederastia. Aseguró también que no sabía que Cadavid estaba en Estados Unidos y que de saberlo le habría informado al obispo de la diócesis en la que el sacerdote estuviera, que estaba suspendido de su ministerio. El obispo de Brooklyn, monseñor Nicholas Anthony DiMarzio, se quedó esperando esa advertencia y, por el contrario, le envió a La W el contenido de las dos cartas, una de 2012 y otra de 2015, en las que Monseñor Ricardo Tobón recomendó y autorizó al padre Roberto Cadavid, ya suspendido por acusaciones de pederastia en dos parroquias de Medellín, para trabajar en esa diócesis. Solo el año pasado el arzobispo Tobón le contó a su colega estadounidense que el sacerdote había sido expulsado de la iglesia. De inmediato, monseñor DiMarzio lo devolvió a Colombia y ahora vive en una de sus cómodas fincas.

El Derecho Canónico encontró culpable a Cadavid Arroyave de abuso a menores, que según la Congregación para la Doctrina de la Fe es “el delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido con un menor de 18 años de edad”. Dice “con”, no “contra”, como si el menor fuera copartícipe del delito. Y el sexto mandamiento es “no cometerás actos impuros”. Un abuso sexual contra un menor se reduce a un “acto impuro”.

El 28 de marzo de 2018 El Tiempo publicó los cheques con los que el padre Cadavid Arroyave concilió con una de sus víctimas. El dinero salió de la chequera del Colegio Pablo VI, donde fue rector. Este colegio es privado, pero recibe recursos públicos al ser de cobertura estudiantil. Según el monaguillo, con 88 millones de pesos compraron su silencio. Esto significa que la Alcaldía le paga al colegio por educar a cientos de niños de bajos recursos económicos de la comuna 3. ¿Qué opinan el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, sobre la forma como se usan los recursos públicos, desde un colegio privado, para acallar a víctimas de sacerdotes pederastas?

Los siete terrenos del padre Roberto Cadavid, la mayoría en el corregimiento de Santa Elena de Medellín, según registros de la Superintendencia de Notariado y Registro, suman 8.244 metros cuadrados y fueron comprados por sumas irrisorias. ¿Los adquirió el sacerdote de una persona muy generosa o fueron donaciones de feligreses a las parroquias en las que ejerció su ministerio? En 2011 el padre Cadavid hipotecó un apartamento por 287 millones de pesos, meses después de llegar a acuerdos de pago con víctimas que conciliaron por sus abusos sexuales.

El arzobispo Ricardo Tobón dice que a él no le corresponde denunciar ante las autoridades civiles. Y tiene razón. El más reciente documento del papa Francisco sobre normas para la protección al menor dice que: “de acuerdo al estado de las leyes civiles de cada país donde la denuncia es obligatoria, no es necesariamente el deber del obispo referir los sospechosos a las autoridades, la policía o los fiscales del Estado en el momento cuando quedan al tanto de crímenes o hechos pecaminosos”. Monseñor Tobón reconoce que son “muchos nombres y muchas situaciones” los que se manejan internamente desde el Derecho Canónico, que ignoran el ordenamiento jurídico colombiano, el cual en cambio establece las más severas penas para abusadores de menores, sin ningún beneficio, excepto para los sacerdotes, quienes durante la investigación penal pueden tener casa cural por cárcel y seguir ejerciendo su ministerio en cualquier parroquia y, si son condenados, la Iglesia pide que los envíen a una casa para sacerdotes con este tipo de problemas en el municipio de Copacabana. “Oración y penitencia”, como la pena que le impusieron al padre Karadima en Chile.

Si bien al arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, no le corresponde denunciar a sus sacerdotes pederastas, que son muchos, tampoco tendría por qué encubrirlos y protegerlos al punto de engañar a un homólogo suyo en los Estados Unidos y ponerlo en aprietos ante sus superiores y su comunidad. Tampoco debió mentir el arzobispo en una entrevista asegurando que no sabía que Cadavid Arroyave estaba en Estados Unidos cuando lo recomendó y lo autorizó para trabajar en ese país. Mucho menos debería desconocer su Eminencia la justicia colombiana que condenó a un sacerdote, el único de muchos en Medellín, por acceso carnal y abuso a menores de 14 años. El padre Mario Castrillón fue condenado en cuatro instancias, incluida la Corte Suprema, pero según monseñor Tobón Restrepo fue encontrado inocente por el Derecho Canónico, por lo que después de pagar su condena fue enviado a una cómoda parroquia y a un lujoso hospital de El Poblado en Medellín. Dice el arzobispo que: “no siempre las investigaciones o sentencias coinciden”.

Tanto en el caso del obispo chileno José Barros, como en el caso del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, ha habido encubrimiento, protección y engaño. Ambos encubrieron y protegieron a peligrosos sacerdotes depredadores sexuales y engañaron a sus colegas. Barros engañó a los otros obispos sobre la inocencia de Karadima y los invitó a defenderlo ante la opinión pública. Lo hicieron. Tobón engañó al obispo de Brooklyn, recomendándole al padre Cadavid, cuyos delitos sexuales contra menores ya estaban comprobados. DiMarzio confió en el arzobispo de Medellín y recibió con los brazos abiertos a un sacerdote violador.

Contra Roberto Antonio Cadavid Arroyave existió un proceso en la Fiscalía que fue archivado, como tantos otros. Factores como el dinero, las presiones y la dificultad de las víctimas para pagar un abogado, pues todas son de escasos recursos económicos, hacen que las denuncias no lleguen a un juez de la República y que sean resueltas por el Derecho Canónico. El archivo de una investigación por pederastia en la Fiscalía, como lo demuestra el caso del padre Cadavid, no prueba la inocencia de un sacerdote, sino la inoperancia del sistema judicial colombiano para investigar a presuntos religiosos pederastas, quienes apelando al Concordato de 1973 y a la fidelidad de sus feligreses, evaden la justicia penal y siguen ejerciendo su ministerio con la venia de sus superiores.

Cinco preguntas para concluir

Siguiendo el ejemplo de los obispos chilenos, ¿renunciará el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, tras encubrir y proteger al sacerdote pederasta Roberto Cadavid?

¿Investigará la Secretaría de Educación de Medellín el uso que el colegio parroquial Pablo VI hizo de los recursos públicos, que la municipalidad le entrega, para acallar a una víctima del abuso del padre Roberto Cadavid?

Como el caso del sacerdote Cadavid no es el único, ¿investigará la Fiscalía General los numerosos casos de pederastia denunciados en la Arquidiócesis de Medellín o prevalecerá el Derecho Canónico sobre el Derecho Penal?

A los congresistas y activistas, sobre todo de organizaciones religiosas, que piden castración química y cadena perpetua para abusadores de menores, ¿estarían de acuerdo con que estas penas también se apliquen a sacerdotes condenados por pederastia?

¿Revisará el Vaticano el estado de la Iglesia en Colombia y sobre todo la herencia y los tentáculos que dejó el difunto cardenal Alfonso López Trujillo?

Sería ideal obtener respuestas a estas preguntas antes de la publicación en La W de la segunda parte de la investigación “Dejad que los niños vengan a mí”. Ha sido imposible que el nuncio apostólico, monseñor Ettore Balestrero, o alguna autoridad de la Arquidiócesis de Medellín o de Roma respondan a las anteriores denuncias y a las decenas que llegaron, desde la capital antioqueña y todo el país, tras la publicación de la primera parte de esta investigación periodística.

La respuesta del Arzobispo de Medellín

En una carta escrita el 26 de mayo de 2018 y recibida días más tarde, monseñor Ricardo Tobón, sin responder a ninguno de los casos denunciados en La W, insistió en la competencia de la Santa Sede para resolver las denuncias por pederastia contra sacerdotes de la Iglesia Católica. La misiva del arzobispo enumera cinco “conceptos”, que se resumen en dos palabras: oración y penitencia.

1. La Arquidiócesis de Medellín no ha dejado sin atender ninguna de las denuncias que ha recibido acerca de abuso de menores y sin realizar el debido proceso.
2. En todos los casos se ha seguido puntualmente lo establecido por la Santa Sede, quien tiene la competencia en esta materia.
3. Por parte de la Arquidiócesis de Medellín nunca ha habido pago de dinero u otras retribuciones para comprar el silencio de las víctimas.
4. La Arquidiócesis de Medellín cumple con todas las leyes civiles vigentes y coopera con las autoridades del Estado cuando tiene conocimiento directo de los hechos.
5. Le solicito, una vez más, la información que tenga sobre abuso de menores por parte del Clero de Medellín para realizar la pertinente investigación y el conveniente proceso.

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Conozca más sobre esta investigación en La W:

• Le Monde revive escándalo de sacerdotes acusados de pederastia en Medellín
• Juan Pablo Barrientos defiende su investigación "Dejad que los niños vengan a mí"

Esta es la carta del Arzobispo: