Fiscalía investiga supuesto complot para liquidar EPS indígena de la comunidad Zenú
Los investigadores del caso se defienden.
Fernando Barrios le pagó para hablar sobre supuestos malos manejos en la EPS indígena Manexka y mentir en contra de la cabeza de esta entidad, el médico indígena Pedro Pestana. Foto: W Radio(Thot)
Hace unos meses, un testigo apareció en la Fiscalía General de la Nación asegurando que un ex aspirante a la Alcaldía de Palmito (Sucre), de nombre Fernando Barrios, le pagó para hablar sobre supuestos malos manejos en la EPS indígena Manexka y mentir en contra de la cabeza de esta entidad, el médico indígena Pedro Pestana.
Según el testigo protegido, la fiscal 52 de Barranquilla, Ana Milena Palomino y el sargento activo de la Policía, Jhony Sanjuan, ordenaron un operativo en el año 2017 para conseguir información de Manexka.
Según el testimonio, la fiscal además le envió al médico Gabriel Pérez sus argumentos para pedirle a la Superintendencia de Salud la liquidación de la EPS indígena.
Por cuenta de este testigo y de otras pruebas allegadas a la Fiscalía, el ente acusador investiga hoy el supuesto complot para propiciar la intervención y liquidación de la entidad.
Ahora apareció un nuevo testigo identificado como Jesús Alberto Mejía, quien asegura que el sargento Sanjuan, quien dirigió las investigaciones contra Manexka y Pedro Pestana por presuntos vínculos con las bandas criminales, recibió plata del controvertido líder indígena para no capturarlo y callar a los testigos en su contra.
Este nuevo testigo también le aseguró a la Fiscalía que Pedro Pestana le pagó una millonaria suma de dinero para que se retractara sobre un testimonio que les dio a las autoridades sobre un homicidio presuntamente ordenado por el líder indígena.
La W conoció que los fiscales del caso, a través de un derecho de petición, le pidieron al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martinez, informar sobre si existe algún tipo de investigación en su contra.
En el documento, los fiscales advierten que Pedro Pestana y Emanuel Salgado se confabularon para iniciar una campaña de desprestigio en su contra por los medios de televisión regional, con el fin de lograr sus objetivos. El primero de ellos, privarlos de la libertad, el segundo, atentar en contra de sus vidas y tercero, apoderarse nuevamente de la EPS.
Los fiscales Yoni San Juan García y Ana Milena Palomino denuncian que a varios funcionarios de la EPS los han obligado a renunciar y, por temor a las represalias de Pestana, no han querido colaborar con la justicia.
A esta situación se le suma que, de manera inesperada, el director nacional de Bacrim, Juan Carlos Acevedo, ordenó el 30 de abril de 2016 que Edgar Rodríguez se encargara de todo el proceso de Manexka hasta que se asignara a un nuevo fiscal para el caso.
En el documento, los investigadores aseguran que tuvieron que entregar toda la investigación a la Dirección Nacional sin ordenar los folios y señalan que la primera fase de capturas que se realizó en su momento, hoy se ha visto truncada porque se dejaron vencer los términos para presentar el escrito de acusación del caso.
