Procuraduría pide suspender contrato de semaforización en Bogotá
El Ministerio Público alertó la inconsistencia en la información y los riesgos de solvencia del contratista.
La licitación para la modernización de semáforos en Bogotá fue denunciada por falsedad en documento público. Foto: Getty Images(Thot)
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, suspender de manera inmediata el contrato de semaforización inteligente de Bogotá por $215.000 millones de pesos.
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Esta solicitud se produjo ante los riesgos que representan para su ejecución las inconsistencias en la información económica que entregó una de las firmas que hace parte del consorcio ganador.
Frente a las pruebas practicadas a la documentación presentada en el proceso de licitación por Sutec Sucursal Colombia S. A., miembro del consorcio Movilidad Futura 2050, el ente de control advirtió que “no hay seguridad de que la información y sus soportes correspondan a la realidad”.
Por el contrato para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes, la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía.
La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.
El proceso se encuentra en la etapa de cierre de investigación y se evalúa si se formulan cargos o se archiva el expediente.
En octubre de 2017, la Procuraduría solicitó la suspensión de esta licitación, sobre la que hizo reiteradas observaciones de tipo técnico en materia de seguridad vial, la falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes y alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido.
