Contrato de vigilancia de instituciones educativas de Cartagena es el más costoso del país

Trabajadores de la empresa Oncor, encargada de suministrar la vigilancia en las instituciones educativas de la ciudad, no permitieron que los estudiantes y docentes ingresa para cumplir con la jornada escolar de este miércoles 30 de enero. Según ellos, la Alcaldía de Cartagena les vulnera el derecho al trabajo, toda vez que la labor será realizada por trabajadores del Distrito mientras se surten los tramites de contratación.

El alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, explicó que por demoras en la aprobación de vigencias futuras en el Concejo Distrital, no se pudo hacer la contratación de la vigilancia y Programa de Alimentación Escolar (PAE) a tiempo, por lo que se puso en marcha un plan de atención especial que busca garantizar la seguridad y alimentación de los estudiantes.

Según manifestó el secretario de Educación, Jaime Amín, el contrato del suministro de vigilancia de Cartagena es el más costoso del país, por lo que considera se debe reajustar y buscar alternativas que permitan garantizar la seguridad, pero que cueste menos.

“Hay que mejorar los servicios a menor costo. Cartagena se gastó agosto en el 2017 cerca de 22.000 millones de pesos en vigilancia (…) fue la vigilancia per-capital más costosa del país. Esto hace que se invierta menos en lo que realmente importa, que son los niños (…) entonces, lo que estamos haciendo es un diagnóstico general de la necesidad real que tiene la vigilancia en los colegios para, de acuerdo con esto, modernizar a través de un sistema híbrido el servicio de vigilancia, el cual debería reducir sustancialmente el costo”, aseguró el secretario de Educación.

Amín también indicó que no se pueden seguir cometiendo los errores en la contratación, que no solo ponen en entredicho la transparencia en la ejecución de recursos sino que ponen en riesgo la calidad de la educación en Cartagena.

“Cartagena debe liberar recursos en calidad educativa, mejores docentes, mejores dotación. Esto mismo se va hacer en todos los servicios educativos, transporte, PAE, aseo, etcétera”, dijo Amín.

Durante la manifestación, los trabajadores dijeron que la actuación de la Alcaldía afecta cerca de 1200 familias, por lo que se apropiaron de las llaves de las puertas de las instituciones, impidiendo que los menores pudieran recibir clases al tercer día de haber empezado el año escolar.

“Nos dijeron que no había plata para la vigilancia, el contrato nuestro se acabó el 30 y nos dijeron que si acaso nos vuelven a llamar en abril. El Distrito hoy deja a 1.200 familias sin comer y los colegios a merced de los ladrones, yo no sé si es que el mismo secretario de Educación va a venir a cuidar los colegios”, afirmó Andrés Sotero, guardia de uno de los colegios.

Los docentes hicieron un llamado a las autoridades locales para que entren a mediar en esta situación y garanticen que los menores puedan asistir a clases y no se les vulnere el derecho a la educación.